(LifeSiteNews/InfoCatólica) La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México debatió el pasado jueves un proyecto de sentencia que grupos provida advierten podría llevar a la despenalización total del aborto en el país, eliminando cualquier protección jurídica para el niño no nacido, incluso en las últimas etapas del embarazo.
El tribunal analizó la Controversia Constitucional 172/2024, promovida en 2024 por el poder ejecutivo federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra las protecciones constitucionales del estado de Aguascalientes, que reconocen la vida «desde la concepción», así como contra los artículos del código penal estatal que restringen el aborto a demanda a un máximo de seis semanas de gestación.
Un proyecto que abriría la puerta al aborto sin límites
El proyecto de resolución, elaborado por el magistrado ponente Irving Espinosa Betanzo, sostiene que «la única manera de eliminar la criminalización es a través de la despenalización total, por la cual el aborto quedaría regulado únicamente en el ámbito de la salud pública». La propuesta cita como referencia de autoridad a la organización feminista GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida), que la proveedora de abortos Planned Parenthood reconoce públicamente como una de sus «aliadas y socias» en materia de los llamados derechos sexuales y reproductivos.
Uriel Esqueda, responsable de campañas de la plataforma Actívate, advirtió en entrevista que «lo que este caso de Aguascalientes busca hacer es despojar completamente de cualquier protección al ser humano en el vientre materno», estableciendo un «precedente» que facilitaría el acceso irrestricto al aborto en otros estados de la república. «Al final del día, al derogar la criminalización del aborto, se abre la puerta para permitirlo en cualquier etapa del embarazo», señaló.
La ofensiva judicial contra el poder legislativo y la vida
La organización provida Red Familia señaló que la controversia constitucional socava el poder legislativo al «reducir cada vez más el margen de discrecionalidad legislativa disponible para los estados». Aunque el fallo «no establece formalmente un único límite de tiempo para el aborto en todo México», advirtió, «es un empuje hacia un modelo nacional uniforme construido sobre criterios judiciales en lugar de deliberación democrática; al hacerlo, arriesga una confrontación directa con gobernadores y legisladores».
Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, se pronunció con contundencia: «La Suprema Corte pretende cometer una suprema injusticia esta semana, al planear votar sobre una propuesta para eliminar el crimen del aborto en Aguascalientes», con «repercusiones que podrían extenderse a toda la república». «México no necesita más muerte; ya tenemos suficiente con los cientos de miles de personas asesinadas por el crimen organizado, sin que la Suprema Corte busque ahora legalizar la muerte de los más inocentes», afirmó.
