(LifeSiteNews/InfoCatólica) La aerolínea estadounidense Southwest Airlines abonó, a finales de abril y principios de mayo de 2026, la suma de 946.102,87 dólares a Charlene Carter, una auxiliar de vuelo que había sido despedida en 2017 por manifestar sus convicciones provida y religiosas. Con este pago, registrado en los archivos del tribunal que supervisaba el caso, quedó saldada la deuda de la compañía tras una batalla judicial que se prolongó durante nueve años.
Un despido por defender la vida
Carter llevaba 21 años trabajando como azafata para Southwest Airlines cuando fue despedida en 2017. Su falta: haber enviado mensajes de contenido provida a varios dirigentes de la sección local de la Unión de Trabajadores del Transporte (TWU), el sindicato del que había salido en 2013 por ser incompatible con su fe y sus convicciones religiosas. A pesar de haberlo abandonado, Carter estaba obligada contractualmente a seguir abonando cuotas sindicales.
El motivo directo del despido fue su oposición al apoyo que el sindicato brindó al «Women's March» de 2017, una marcha estrechamente vinculada a Planned Parenthood —la mayor organización abortista de Estados Unidos— y a posiciones decididamente favorables al aborto. Carter no podía aceptar que su dinero financiara causas contrarias a su fe.
Nueve años de batalla judicial
Carter demandó tanto a Southwest Airlines como al sindicato TWU, alegando que su despido fue una represalia directa por sus convicciones religiosas y provida. Southwest argumentó que los mensajes de Carter constituían acoso, pero los tribunales no lo entendieron así.
En 2022, un tribunal federal falló de forma unánime a favor de Carter, determinando que sus derechos garantizados por la legislación federal habían sido vulnerados. El fallo fue posteriormente confirmado por el Quinto Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos. El juez Brantley Starr ordenó la reincorporación de Carter, el pago de más de 810.000 dólares en daños —incluidos aproximadamente 150.000 dólares en salarios atrasados— y la obligación de la compañía de informar a sus empleados sobre sus derechos frente a la discriminación religiosa.
Sin embargo, Southwest Airlines no cumplió debidamente con la sentencia. En 2023, el juez Starr abrió un proceso por desacato contra la compañía al constatar que la notificación enviada a sus empleados tergiversaba el contenido de la resolución judicial. Como parte de las medidas correctivas, tres abogados de la aerolínea debieron someterse a una formación específica sobre libertad religiosa.
La victoria de Charlene Carter
El pago de 946.102,87 dólares realizado a finales de abril y principios de mayo de 2026 cierra el capítulo económico del caso. Carter no tardó en valorar el desenlace: «Hoy es una victoria para la libertad de expresión y las convicciones religiosas. Los auxiliares de vuelo deben tener una voz, y nadie debería ser perjudicado por expresarse libremente contra su sindicato», declaró.
El caso no está, con todo, totalmente cerrado. Continúan abiertos procedimientos judiciales sobre la adecuación de la comunicación que la aerolínea envió a sus empleados en cumplimiento de la sentencia. La lucha de Carter es, en cualquier caso, un recordatorio de que la libertad religiosa en el mundo laboral no puede darse por garantizada, y de que los creyentes que se niegan a financiar la cultura de la muerte pueden pagar un precio muy alto por su coherencia.
