(EWTN/InfoCatólica) El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado un extenso informe en el que acusa a la administración del expresidente Joe Biden de haber ejercido un sesgo sistemático contra los cristianos a través de políticas federales que limitaban la libertad religiosa, y detalla las medidas adoptadas por el presidente Donald Trump para revertir esas prácticas.
El documento, de 200 páginas y respaldado por más de 1.100 notas a pie de página y 300 páginas de anexos, lleva por título Erradicación del sesgo anticristiano en el gobierno federal y ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo para la Erradicación del Sesgo Anticristiano, creado por Trump mediante orden ejecutiva en febrero de 2025 y presidido por el fiscal general interino Todd Blanche.
«Ningún estadounidense debería vivir con el temor de que el gobierno federal lo castigue por su fe», declaró Blanche. «Las acciones de la administración Biden devastaron la vida de muchos estadounidenses cristianos. Esa devastación terminó con el presidente Trump».
Diecisiete agencias federales implicadas
El informe recoge las conclusiones de diecisiete agencias federales, además de otras que también detectaron discriminación religiosa. Según el resumen ejecutivo, «cuando las creencias cristianas sobre la moralidad y la naturaleza humana entraban en conflicto con las posturas de la administración Biden, los derechos religiosos a menudo se veían perjudicados».
El documento sostiene que la administración Biden «generalmente toleró las creencias religiosas privadas, pero buscaba con ahínco limitar la capacidad de los cristianos para actuar de acuerdo con su fe», en asuntos que afectaban a «la vida, la familia, el matrimonio y la identidad propia».
Entre las áreas examinadas figuran los derechos de conciencia, las multas a universidades cristianas, la aplicación de la ideología de género en el deporte femenino, los mandatos de vacunación y la exclusión de cristianos de programas públicos.
La interpretación del caso Bostock como eje del conflicto
Uno de los ejes centrales del informe es la interpretación que la administración Biden hizo de la sentencia del Tribunal Supremo de 2019 en el caso Bostock contra el Condado de Clayton, que determinó que la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad sexual.
Según el documento, la primera administración Trump emitió un memorando que instruía al Departamento de Justicia a interpretar dicho fallo sin vulnerar la libertad religiosa, respetando el derecho de los empleados federales a «expresar opiniones tradicionales» sobre el matrimonio y la identidad sexual. Sin embargo, la administración Biden revocó ese memorando al día siguiente de la toma de posesión. El informe recoge que empleados de carrera del Departamento calificaron la directriz anterior como «una afrenta a la dignidad de nuestros empleados transgénero» y solicitaron su derogación.
El Departamento de Justicia de Biden, según el informe, «consideró las solicitudes de exenciones religiosas como una conducta perjudicial que debía regularse» y defendió su interpretación del caso Bostock en escritos judiciales, «a pesar de que los tribunales federales la rechazaron repetidamente».
Programas de alimentación y objeción de conciencia
El informe detalla casos concretos en los que esta interpretación afectó a instituciones religiosas. El Departamento de Agricultura vinculó la aplicación del caso Bostock al Programa Nacional de Almuerzos Escolares, lo que, según el documento, dejó a escuelas y ministerios cristianos «ante una disyuntiva coercitiva: si querían alimentar a los necesitados mediante estos programas, tendrían que abandonar las enseñanzas bíblicas sobre el sexo y el matrimonio».
Como ejemplo, el informe cita el caso de la Arquidiócesis de San Luis, que optó por excluir a todas sus escuelas parroquiales del programa de almuerzos, incluso después de que el Departamento de Agricultura emitiera un memorando reconociendo la exención religiosa.
Se aplicaron criterios similares en las normas del Departamento de Salud y Servicios Humanos sobre los denominados tratamientos de afirmación de género para menores, así como en las regulaciones laborales de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo. El informe señala asimismo que el Departamento de Salud retiró una notificación de infracción contra el Centro Médico de la Universidad de Vermont después de que este centro «coaccionara a una enfermera cristiana a participar en un aborto a pesar de sus objeciones religiosas».
Instrumentalización del aparato federal
El documento también denuncia la instrumentalización de agencias federales contra ciudadanos cristianos. Entre los casos destacados figura la investigación que la oficina del FBI en Richmond realizó sobre los denominados «católicos tradicionalistas radicales», así como las condenas penales de manifestantes provida en virtud de la Ley de Libertad de Acceso a las Clínicas (FACE Act). Según el informe, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia bajo Biden «publicó materiales que sugerían que los cristianos no podían ser víctimas de discriminación religiosa, solo otros grupos de fe».
Además, el Departamento de Justicia de Biden habría informado a la Casa Blanca de que las objeciones religiosas de empleados federales a las vacunas contra la covid eran «insinceras» o «no religiosas».
Las medidas de la administración Trump
Frente a este panorama, el informe enumera las acciones emprendidas por la administración Trump para restaurar la libertad religiosa. Entre ellas, la derogación del memorando sobre el caso Bostock, la emisión de un dictamen de la Oficina de Asesoría Legal que reafirma las protecciones religiosas para empleados federales y el fin de lo que el informe califica como «instrumentalización» de la Ley FACE.
El Departamento de Justicia de Trump también ha presentado una demanda contra el distrito escolar del condado de Loudoun por imponer la ideología de género a alumnos con convicciones religiosas sobre el matrimonio y la identidad sexual, y ha intervenido en casos de discriminación urbanística contra comunidades religiosas al amparo de la ley RLUIPA.
«El Departamento de Justicia continuará denunciando a quienes actuaron de mala fe contra los cristianos y trabajará incansablemente para restaurar la libertad religiosa de todos los estadounidenses de fe», concluyó Blanche.
