(LSN/nfoCatólica) La Cámara de los Comunes de Canadá aprobó el pasado 25 de marzo el proyecto de ley C-9, conocido como Combatting Hate Act (Ley contra el Odio), que elimina la exención histórica que protegía la expresión religiosa de buena fe frente a las leyes de propaganda del odio. La norma ha sido remitida al Senado para su revisión final, y tanto el Cardenal Frank Leo, arzobispo metropolitano de Toronto, como la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá (CCCB) han exigido enmiendas que garanticen explícitamente la libertad de religión, conciencia y expresión.
La supresión de la defensa por «buena fe religiosa»
El núcleo de la controversia reside en la eliminación de la defensa contemplada en la sección 319(3)(b) del Código Penal canadiense, una cláusula que durante años amparó a quienes compartían textos sagrados o enseñanzas doctrinales sin ánimo de incitar al odio. La enmienda fue promovida por el Bloc Québécois como parte de un acuerdo con el Partido Liberal para mantener su apoyo parlamentario, según reveló LifeSiteNews citando fuentes gubernamentales.
Con la eliminación de esta salvaguarda, la lectura de pasajes bíblicos, coránicos o de la Torá que condenen el aborto o la práctica homosexual podría ser considerada actividad delictiva, con penas de hasta dos años de prisión. El Centro de Justicia por las Libertades Constitucionales (JCCF) denunció que la ley otorgaría a las fuerzas de seguridad y al Gobierno la capacidad de perseguir a quienes consideren que han vulnerado los «sentimientos» de una persona de forma «odiosa».
La carta del Cardenal Leo al Senado
El 27 de marzo, dos días después de la votación en la Cámara de los Comunes, el Cardenal Leo remitió una carta a todos los senadores canadienses. En ella reconoce que la comunidad católica comparte «la importancia de combatir el odio y proteger a las personas y comunidades frente a la violencia, la intimidación y la discriminación», pero advierte de que la norma, en su redacción actual, «claramente no aborda de manera adecuada estas graves preocupaciones».
El arzobispo de Toronto subraya la amplitud de la coalición que se opone al texto: «Estamos hablando de millones de canadienses que representan muchas y diversas tradiciones religiosas, comunidades de fe, grupos de interés, organizaciones y afiliados, incluidas instituciones no religiosas». Y señala que «es imperativo que los compromisos expresados por el gobierno como salvaguardas se incorporen al propio proyecto de ley. Solo una vez consagradas en la legislación podrán estas protecciones, estos derechos, ser verdaderamente honrados y garantizados».
El Cardenal Leo pide expresamente que se añada al texto «una clarificación inequívoca» que deje «abundante e inconfundiblemente claro que la lectura de textos religiosos, así como la enseñanza y la predicación, no son en modo alguno consideradas promoción intencionada del odio de ningún tipo». Y concluye instando a los senadores a ejercer su función de «segundo pensamiento sereno» para introducir las enmiendas necesarias.
La condena previa de la Conferencia Episcopal
Ya en diciembre de 2025, la CCCB se había dirigido al primer ministro Mark Carney en una carta firmada por su presidente, el Obispo Pierre Goudreault, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. El texto expresaba «profunda preocupación» por la eliminación de la defensa de buena fe y advertía de que su supresión «arriesga crear incertidumbre para las comunidades de fe, el clero, los educadores y otros que puedan temer que la expresión de enseñanzas morales o doctrinales tradicionales sea malinterpretada como discurso de odio».
Goudreault instaba al Gobierno a garantizar que la ley C-9 no suprimiera la defensa por texto religioso o, alternativamente, a ofrecer «una garantía clara mediante una declaración pública» de que «la expresión religiosa de buena fe, la enseñanza y la predicación no serán objeto de persecución penal». La carta fue remitida con copia al ministro de Justicia, Sean Fraser, a los portavoces de Justicia de todos los partidos y a los líderes de la oposición, incluido el conservador Pierre Poilievre.
Reacciones del movimiento provida
La Campaign Life Coalition (CLC), principal organización provida de Canadá, ha advertido de que la aprobación de la ley abre la puerta a «una persecución real bajo un manto de supuesta legalidad». David Cooke, director de campañas de CLC y pastor cristiano, declaró a LifeSiteNews que los canadienses creyentes deben «prepararse para una hostilidad creciente».
Jack Fonseca, director de operaciones políticas de CLC, señaló que «la batalla por defender la libertad religiosa en Canadá se ha trasladado ahora al Senado» y pidió a la ciudadanía que inunde a los senadores «con llamadas telefónicas, correos electrónicos, comentarios en redes sociales y, si es posible, visitas personales». Fonseca denunció que el ex primer ministro Justin Trudeau llenó el Senado durante la última década de personas hostiles a la libertad religiosa.
Un voto que dividió al Parlamento
La ley C-9 fue aprobada en tercera lectura con los votos del Partido Liberal y el Bloc Québécois. Los diputados del Partido Conservador, el NDP y el Partido Verde votaron en contra en una inusual convergencia de partidos habitualmente enfrentados. Varios diputados conservadores calificaron la jornada de «día negro» para Canadá, entre ellos el exlíder del partido Andrew Scheer.
Ya en octubre anterior, el diputado liberal Marc Miller había afirmado que ciertos pasajes de la Biblia son «odiosos» por lo que dicen sobre la homosexualidad y que quienes los reciten deberían ser encarcelados, unas declaraciones que fueron duramente criticadas por políticos conservadores de todo el país.
