(InfoCatólica) El Tribunal Constitucional de la República Checa declaró el 1 de abril que dos pasajes del tratado firmado entre Praga y la Santa Sede son incompatibles con la constitución del país, lo que impide su ratificación y deja en el aire años de negociación diplomática.
Un acuerdo firmado y aprobado por el Parlamento
El concordato sobre determinadas cuestiones jurídicas fue suscrito en 2024 por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano, y el entonces primer ministro Petr Fiala. Tras ser aprobado por ambas cámaras del Parlamento, fue remitido al presidente de la República para su ratificación. Sin embargo, un grupo de senadores interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional que ha prosperado parcialmente.
El tribunal objetó dos puntos concretos. En primer lugar, consideró que el tratado otorgaría a las entidades jurídicas de la Iglesia «una herramienta poderosa para impedir que sus documentos (materiales de archivo) se pongan a disposición», eximiéndolas de la ley de archivos que seguiría siendo obligatoria para el resto de confesiones. En segundo lugar, dictaminó que la protección del sigilo de confesión sin excepciones constituiría «una clara violación de la neutralidad del Estado y del principio de igualdad de trato entre las distintas iglesias», al superar incluso la protección del secreto profesional.
Los obispos aceptan el fallo pero defienden el tratado
La Conferencia Episcopal Checa manifestó su desacuerdo con la decisión de la mayoría de los magistrados, aunque la acepta. Los obispos valoraron como «positivo que el tribunal no haya rechazado la idea de la existencia de un tratado con la Santa Sede, sino que se haya limitado a pasajes parciales».
Tres votos particulares cuestionan la decisión
Tres de los quince jueces del Tribunal Constitucional presentaron una opinión discrepante. Argumentaron que el tribunal no abordó una parte relevante del expediente, como las objeciones al supuesto privilegio de la Iglesia en la prestación de asistencia pastoral en instituciones públicas. No obstante, reconocieron que «la Santa Sede es un sujeto de derecho internacional que la República Checa ha reconocido», lo que constituye «una razón objetiva para el trato diferenciado de la Iglesia en diversas cuestiones».
Otros dos magistrados formularon posiciones individuales. El juez Tomáš Langášek sostuvo que «las opiniones disidentes demuestran que era posible adoptar una interpretación racional del concordato, de buena fe, que no entrara en conflicto con el orden constitucional». A su juicio, la sentencia representa «un cambio paradigmático en el papel y la función de la justicia constitucional», y la preocupación del tribunal por la igualdad entre confesiones es «solo un problema vicario».
«Una derrota jurídica para quienes valoran la libertad religiosa»
Jakub Kříž, jurista y profesor de la Facultad de Teología Católica de la Universidad Carolina de Praga, calificó el fallo como «una victoria política para algunos y una derrota jurídica para personas, creyentes y no creyentes, que consideran la libertad religiosa un valor importante». Señaló al mismo tiempo que «la ausencia de un concordato no es una tragedia» ni para la libertad religiosa ni «para los católicos, que al fin y al cabo siempre salen más beneficiados cuando el Estado no se lleva bien con ellos».
Kříž subrayó que el recurso «no habría tenido posibilidades de prosperar» si el presidente Petr Pavel «no hubiese intervenido introduciendo nuevos argumentos», como la alegación de que el acuerdo «contradice la soberanía del Estado y su carácter laico y republicano». El acuerdo negociado era, en su opinión, «pobre en contenido, inocente, casi carente de sustancia», con un valor «más simbólico» que práctico, ya que la parte checa no intentó «negociar nada más allá de lo que ya está en vigor hoy».
«Una gran decepción»
El padre Jiří Rajmund Tretera, dominico y catedrático de Derecho canónico en la Facultad de Derecho de la Universidad Carolina, calificó la decisión de «gran decepción» y «acontecimiento muy desafortunado». Respecto al sigilo de confesión, explicó que el concordato no habría supuesto «ningún cambio respecto a la situación actual», sino que garantizaba a todos los fieles que las disposiciones legales vigentes sobre el secreto confesional «no pudieran ser eliminadas fácilmente» si un grupo hostil a la religión «llegara al poder en nuestro Estado democrático».
Tretera consideró además que el Tribunal Constitucional cometió «un ataque involuntario contra el movimiento ecuménico» al argumentar que el acuerdo «no respetaba el principio de igualdad de todas las iglesias», algo que, a su juicio, «entra en conflicto con la realidad comúnmente reconocida en las iglesias no católicas». Kříž precisó que «las iglesias no católicas no se opusieron» al tratado y «muchas incluso lo acogieron favorablemente, al ver su papel como estabilizador de las garantías de libertad religiosa».
Sin margen para enmiendas parciales
La única vía posible es «empezar las negociaciones desde el principio», advirtió Kříž, ya que no se trata «de un proyecto de ley al que se pueda suprimir una frase». No obstante, se mostró escéptico ante la posibilidad de que la Santa Sede se arriesgue a otra «humillación», dado que «la República Checa se ha mostrado como un socio internacional bastante poco fiable».
