(Ideas/InfoCatólica) Una investigación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), publicada en la revista Forensic Science International, concluye que no existen pruebas forenses que respalden la tesis de un robo organizado y sistemático de recién nacidos en hospitales españoles. Los cinco investigadores del INTCF califican la cifra de 300.000 casos como «una conjetura convertida en bulo» y señalan que sus datos «cuestionan la narrativa generalizada de un robo sistemático».
Tres historias confundidas en una sola
El bulo, que culpaba especialmente a la Iglesia, es tan burdo que ha tenido acogida incluso en un artículo de Manuel Ansede en el laicista El País que subraya que el fenómeno de los bebés robados ha mezclado tres realidades independientes: los aproximadamente 30.000 niños tutelados tras la Guerra Civil, en su mayoría huérfanos de guerra; las adopciones forzadas de hijos de madres solteras internadas en el Patronato de Protección de la Mujer; y el supuesto robo organizado de bebés en hospitales de todo el país entre 1950 y 1990. Es esta última casuística, la mayoritaria en las denuncias, la que el equipo del INTCF rebate con datos forenses.
El biólogo Antonio Alonso, director del INTCF hasta su jubilación hace dos años y autor principal del estudio, lo resume con claridad: «El tema de los 300.000 bebés robados no está basado en ningún dato fiable. Nosotros, tras analizar casos denunciados, no hemos podido probar ninguno desde el ámbito científico».
Las pruebas de ADN desmienten la trama
El análisis de ADN de los restos exhumados ha confirmado la correspondencia genética entre los neonatos y sus progenitores biológicos. De las 120 exhumaciones estudiadas, en 117 se hallaron restos humanos. En otros dos casos no había huesos, pero sí pelos fetales o insectos que se alimentan de cadáveres. Los investigadores subrayan que un féretro aparentemente vacío no implica un robo, sino que se explica por la degradación de los frágiles restos del bebé durante décadas en determinadas condiciones.
Estos resultados no son nuevos en lo esencial. Ya en 2014, la doctora Gloria Vallejo de Torres, entonces directora del INTCF, declaró ante el Senado que las muestras de ADN viables procedentes de 48 exhumaciones mostraban una coincidencia total entre el neonato y sus padres. El médico forense Francisco Etxeberria, que participó en numerosos procesos de identificación en el País Vasco, reconoce que él mismo creyó al principio que podría existir una trama, «hasta que se abrieron las tumbas y los bebés estaban dentro».
Origen y evolución de un relato sin base empírica
Los genetistas forenses sitúan el punto de inflexión en 2010, cuando el abogado valenciano Enrique Vila, propietario de un bufete especializado en buscar familiares biológicos, lanzó la especulación de que en España se habían cometido «hasta 300.000 robos» de recién nacidos. La cifra fue adoptada de inmediato por la prensa nacional e internacional, pese a que, como señala el propio estudio del INTCF, «implicaría robar 27 criaturas cada día durante tres décadas».
El antecedente remoto es un auto judicial dictado en noviembre de 2008 por Baltasar Garzón, entonces juez instructor en la Audiencia Nacional, en el que, tras extinguir la responsabilidad penal del general Franco, ordenaba investigar la sustracción de niños dados en adopción. La cifra inicial de unos 30.000 se basaba en dos libros académicos que apenas habían tenido repercusión cuando se publicaron. En los años siguientes, como recuerda Pedro Fernández Barbadillo en un análisis publicado en Ideas, esa estimación se infló hasta los 300.000, cifra amplificada por asociaciones de afectados, medios y campañas políticas.
2.203 denuncias sin una sola condena
Las fiscalías españolas han investigado hasta la fecha 2.203 denuncias, de las que 537 se han judicializado. Ninguna sentencia judicial ha confirmado el robo de un bebé en España.
La Fiscalía General del Estado ya había declarado en su memoria de 2013 que parecía «descartada la existencia de una trama organizada de alcance nacional que tuviera por objeto la sustracción y venta de bebés». La Fiscalía de Castellón alertó ese mismo año de «un cierto efecto llamada en los medios de comunicación», tras constatar que varios padres reconocían haber denunciado «por si acaso» después de ver la cobertura televisiva. La fiscal jefa de Granada advirtió de que se presentaban denuncias «por contagio».
Los investigadores del INTCF lamentan la ansiedad generada por la desinformación, que ya en 2011 había provocado «una profunda angustia emocional entre madres y padres cuyo hijo falleció al nacer». Más de medio millón de bebés nacieron muertos o fallecieron en sus primeras horas de vida entre 1950 y 1990, según el Instituto Nacional de Estadística.
Carmen de Troya, directora de la Oficina de atención a las víctimas de casos de bebés robados creada en 2013, declaró en su momento que muchos denunciantes llegaban «intentando encajar sus casos en lo que han visto en la tele», y añadió: «los hijos prefieren pensar que les han robado a pensar que les han abandonado».
Casos emblemáticos desmontados
El artículo de Ansede documenta varios casos que acapararon titulares y fueron después descartados por la ciencia. El médico Alfonso Cabeza, expresidente del Atlético de Madrid, tuvo que declarar ante un juez por el supuesto robo de la bebé de una mujer llamada Petra Gallardo en el hospital La Paz en 1980. Una prueba preliminar de ADN en un laboratorio privado dio un 99 % de probabilidades de parentesco; el análisis oficial del INTCF lo descartó.
El caso del abogado granadino Eduardo Raya, primer denunciante de un presunto robo de un bebé en España en 2010, siguió una pauta similar: el ADN del hígado conservado en los archivos hospitalarios confirmó que la niña era efectivamente su hija fallecida, pero Raya no aceptó los resultados.
Especialmente revelador es el caso de Inés Madrigal, presentado en 2018 por la prensa internacional como el primer juicio por un bebé robado en España. Madrigal denunció al ginecólogo Eduardo Vela, que en 1969 la entregó recién nacida a un matrimonio con un certificado falso de nacimiento. Durante el proceso judicial, la denunciante encontró a sus hermanos biológicos y estos le comunicaron que su madre, soltera en aquella época, la había entregado en adopción. El Tribunal Supremo reprochó en 2020 a la Audiencia Provincial de Madrid que hubiese considerado probado el robo sin pruebas concluyentes. La propia Madrigal reconoce ahora: «Puedo estar de acuerdo en que en España no ha existido el robo de bebés que hayamos podido probar científicamente».
La impunidad de los fabricantes de bulos
Fernández Barbadillo sitúa el desmoronamiento del relato en un contexto más amplio: el de la impunidad de quienes fabrican y propagan noticias falsas en España. Ha seguido el caso desde sus inicios y señala acertadamente que El País y la SER, tras haber alimentado el relato durante años, tratan ahora de «recular», y recuerda que los redactores asignados al tema, Jesús Duva y Natalia Junquera, «daban pábulo a los aprovechados y los farsantes, entrevistaban a los angustiados, difamaban a los muertos y soplaban las brasas del odio».
El análisis señala que las leyes de memoria democrática, tanto la nacional como varias autonómicas, cristalizaron legislativamente un relato que la ciencia forense no respalda, al incluir a los supuestos bebés robados y calificar como «víctimas del franquismo» a sus madres. Apunta además que Garzón, condenado por prevaricación, ha sido nombrado presidente de la comisión sobre violaciones de derechos humanos durante la guerra y la dictadura. En Cataluña, una ley específica sobre desaparición forzada de menores mantiene la figura.
Un debate sobre la verdad y la propaganda
El caso de los bebés robados plantea una reflexión sobre cómo los relatos, cuando se inscriben en un marco ideológico y se benefician de una fuerte amplificación mediática, pueden convertirse en verdades aceptadas antes de estar sólidamente establecidos. Izquierda Unida hizo suya la cifra de 300.000 al plantear una proposición de ley en el Congreso hace dos años, y la asociación SOS Bebés Robados Madrid sigue manteniendo esa cifra en su página web.
Mientras tanto, como señala Fernández Barbadillo, «los verdaderos bebés robados son los arrebatados a sus madres o padres por los servicios sociales con excusas peregrinas para introducirlos en el sistema de acogida pública», un fenómeno actual que queda eclipsado por un debate sobre el pasado construido sobre datos falsos.
