(CWR/InfoCatólica) California deberá pagar 4,52 millones de dólares a la Thomas More Society, firma católica de defensa jurídica, después de perder el litigio en torno a las normas que impedían a las escuelas informar a los padres cuando sus hijos afirmaban pertenecer al sexo opuesto. La resolución supone una nueva derrota para el Estado en una causa que giraba en torno al derecho de los padres a conocer y participar en decisiones de enorme gravedad relacionadas con la salud mental y la situación personal de sus hijos menores.
El origen de esta decisión se encuentra en la batalla judicial contra unas políticas californianas que prohibían a los centros escolares comunicar a los padres si sus hijos decían identificarse como del sexo contrario. En marzo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos bloqueó esas reglas y dejó claro que el Estado no podía seguir ocultando a las familias esa información. La alta instancia sostuvo que los padres tienen «el derecho a no ser excluidos de la participación en decisiones relativas a la salud mental de sus hijos». Con ello, confirmó una orden similar emitida en diciembre de 2025 por el juez federal Roger Benitez.
La Thomas More Society, que representó a los demandantes en la demanda colectiva promovida contra esas normas, anunció el 31 de marzo que el juez Benitez había ordenado a California pagar 4,52 millones de dólares en honorarios de abogados al despacho católico. La cuantía fue fijada aplicando un multiplicador de 1,25 a una base de aproximadamente 3,6 millones de dólares, un criterio que suele emplearse en litigios especialmente arriesgados o relevantes.
En su resolución, el juez Benitez dejó constancia de que conocía sobradamente el caso después de años de pleito. Precisamente por ello, censuró con dureza la conducta del Estado durante el proceso. Según escribió, California incurrió en una «intransigencia litigiosa» al combatir la demanda, llegando a «desperdiciar escasos recursos judiciales» y a «resistirse en todo momento». La crítica judicial no se limitó al pasado del procedimiento, sino que alcanzó también la actitud mantenida por las autoridades incluso después del fallo del Tribunal Supremo.
Benitez señaló que el Estado había «seguido peleando» por el caso aun después de la resolución del Supremo. Entre otras cosas, apuntó que California continuó alegando que la medida cautelar avalada por la máxima instancia judicial era «defectuosa y necesita ser modificada». Esa insistencia fue presentada por el juez como una prueba añadida de la obstinación con la que las autoridades defendieron unas políticas que ya habían sido rechazadas en los tribunales.
Desde la Thomas More Society, la decisión fue interpretada como un aviso nítido a los gobiernos estatales y a los distritos escolares de todo el país. Peter Breen, responsable de litigios de la firma, afirmó que la enorme condena en costas «envía un mensaje inequívoco a los gobiernos estatales y a los distritos escolares de todo el país: si pisotean los derechos constitucionales de los padres, lo pagarán, literalmente». La frase resume con claridad el sentido que el despacho quiso dar a la victoria judicial: no sólo se habría frenado una política concreta, sino que además se habría establecido un precedente disuasorio frente a futuras vulneraciones de los derechos de la familia.
Breen añadió otra valoración igual de contundente sobre la estrategia seguida por California durante el proceso. «California arrojó contra este caso todo lo que tenía», declaró. «Perdió en el juicio sumario, perdió ante el Tribunal Supremo y ahora los californianos pagarán la factura de la negativa de sus funcionarios a respetar los derechos fundamentales de las familias». Sus palabras subrayan que el coste final recaerá sobre los contribuyentes de un Estado cuyos dirigentes, según esta visión, prefirieron sostener una batalla ideológica antes que reconocer el lugar natural de los padres en la educación y protección de sus hijos.
Ya en diciembre de 2025, el juez Benitez había descrito con precisión el núcleo del litigio. Entonces señaló que el caso trataba sobre «el derecho de un padre a la información… frente a la política de secreto de una escuela pública cuando se trata de la identificación de género de un estudiante». Con esa formulación, el magistrado dejaba claro que no se estaba ante una cuestión secundaria de organización escolar, sino ante un conflicto de gran calado entre la autoridad de la familia y la pretensión del sistema educativo de erigirse en custodio de información decisiva sobre la vida del menor.
En esa misma resolución de diciembre, el juez recordó que históricamente los profesores han informado a los padres sobre «lesiones físicas o cuestiones relativas a la salud y el bienestar de un estudiante». Sin embargo, las autoridades legislativas de California habían aprobado políticas que «prohíben a los profesores de escuelas públicas informar a los padres» cuando su hijo afirmaba tener una identidad LGBT. Ahí radica precisamente la gravedad del asunto: mientras la escuela comunica con normalidad a la familia todo aquello que pueda afectar al bienestar del alumno, se pretendía imponer silencio justo en una cuestión profundamente delicada y cargada de consecuencias psicológicas, morales y educativas.
La resolución judicial y la cuantiosa condena económica cierran, al menos por ahora, un episodio que ilustra hasta qué punto la ideología de género ha intentado abrirse paso mediante el apartamiento deliberado de los padres. Las reglas impugnadas no eran un mero protocolo administrativo, sino una herramienta para consolidar en el ámbito escolar un régimen de secreto frente a la familia. Bajo esa lógica, el Estado y los centros educativos podían conocer y gestionar la confusión de género de un menor mientras los padres quedaban al margen de decisiones íntimamente ligadas a la salud mental, al acompañamiento moral y al deber de tutela que les corresponde por derecho natural y constitucional.
El fallo económico tiene además un valor simbólico evidente. No basta con que California haya perdido en el juicio sumario y ante el Tribunal Supremo. Ahora deberá también afrontar una sanción millonaria derivada de su empeño en sostener hasta el final unas políticas que la justicia consideró incompatibles con los derechos de los padres. Esa condena refuerza la idea de que no se trató de un simple error técnico o de una interpretación dudosa de la ley, sino de una defensa tenaz de un modelo de secretismo escolar que el poder judicial ha rechazado de forma reiterada.
La Thomas More Society aparece así como la gran vencedora de una causa emblemática en la lucha contra la imposición de la ideología de género en las escuelas. El despacho católico no sólo obtuvo el bloqueo de las normas impugnadas, sino también una compensación económica de gran magnitud que reconoce el coste de años de litigio frente a un Estado empeñado en mantener a los padres al margen. La decisión, tal como queda presentada, supone un correctivo severo para California y una reafirmación de la primacía de la familia frente a los intentos del poder público de apropiarse de cuestiones que pertenecen ante todo al ámbito de la patria potestad.
En definitiva, el caso deja un mensaje inequívoco: las autoridades no pueden convertir la escuela en un espacio de ocultación frente a los padres cuando se trata de asuntos tan graves como la identidad sexual asumida por un menor y sus implicaciones para la salud mental. La derrota judicial de California y la obligación de pagar millones al despacho católico que llevó el caso muestran que el derecho de la familia no puede ser barrido impunemente por decretos ideológicos, por políticas de secretismo ni por la pretensión del Estado de sustituir a los padres en la guía de sus hijos.
