(EWTN News/InfoCatólica) Varios ministros cristianos, entre ellos el sacerdote jesuita Christopher Collins, obtuvieron una victoria judicial el pasado 20 de marzo cuando un juez federal de distrito dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional debe permitirles acceso pastoral formal a los inmigrantes retenidos en una instalación federal situada en Minneapolis.
La resolución se refiere al edificio federal Bishop Henry Whipple, situado en las afueras de Minneapolis, donde se encontraban retenidos inmigrantes a los que estos ministros querían asistir espiritualmente. El tribunal consideró que el Gobierno no puede cerrar de forma general el acceso del clero a ese lugar.
El juez Jerry Blackwell afirmó en su resolución que el Gobierno «no puede imponer un protocolo de acceso... que prohíba las visitas del clero en toda circunstancia» en esa instalación federal. Con ello, la justicia pone freno a una política que, según los demandantes, impedía de hecho el acompañamiento religioso a personas especialmente vulnerables.
La demanda había sido presentada a finales de febrero por un grupo de objetores cristianos, entre ellos el padre Collins. En ella sostenían que el Gobierno estaba impidiéndoles ilícitamente ofrecer «oración, guía pastoral, ministerio sacramental y consuelo espiritual» a los inmigrantes detenidos en el edificio Whipple.
Según la propia demanda, las autoridades federales estaban obstaculizando de forma inconstitucional la «obligación sagrada» de los demandantes de vivir su fe mediante el ministerio dirigido a miembros de la comunidad que se encuentran en una de las situaciones de mayor necesidad de consuelo espiritual. El núcleo del litigio no era meramente administrativo, sino que afectaba directamente al ejercicio de la religión.
El juez dispuso además que la orden que permite el acceso de los ministros cristianos permanecerá en vigor «durante toda la tramitación» del proceso judicial. Es decir, la asistencia pastoral no podrá volver a quedar suspendida mientras el pleito siga abierto.
Erin Westbrook, abogada del despacho Saul Ewing, que presentó la demanda en nombre de los ministros, declaró que los demandantes consideran su labor pastoral «una expresión central de su fe y un ejercicio de la religión protegido por la Constitución». También subrayó la gravedad de la situación de los detenidos, al afirmar: «Es vital que puedan proporcionar atención pastoral en el edificio Whipple en un momento en que los allí detenidos están experimentando un profundo miedo, incertidumbre y aislamiento».
Antes de esta orden judicial, el Gobierno había alegado que la intensa actividad de control migratorio en la zona ya había terminado y que, en las últimas semanas, el clero había ido recibiendo nuevamente autorización para entrar en el edificio con fines pastorales. Sin embargo, el juez no consideró suficiente esa explicación y exigió una garantía más firme y estable.
Por ello, la resolución ordena a las autoridades desarrollar un «protocolo escrito» que garantice el acceso del clero a la instalación. Asimismo, el Gobierno deberá responder a las solicitudes de entrada «en un tiempo razonable», y tales peticiones podrán quedar sujetas a medidas de seguridad también «razonables».
De este modo, el tribunal reconoce que puede haber exigencias de seguridad, pero deja claro que no pueden utilizarse como pretexto para impedir de forma efectiva la asistencia religiosa a los inmigrantes retenidos. La decisión judicial protege así el acceso de los ministros a quienes necesitan oración, consuelo y acompañamiento espiritual en momentos de especial angustia.
Por último, el juez ordenó a las partes presentar antes del 2 de abril un informe conjunto sobre la situación del caso, incluyendo las políticas propuestas y los desacuerdos que continúen existiendo entre ambas partes. El litigio sigue abierto, pero la directriz judicial ya ha quedado fijada: el acceso pastoral del clero a los detenidos no puede ser eliminado por un protocolo que cierre completamente la puerta al ministerio religioso.
