(AsiaNews/InfoCatólica) En las últimas décadas, se ha producido un recrudecimiento de las presiones y la persecución contra los cristianos en la India. A pesar de que el cristianismo llegó a la India hace casi dos mil años, el nacionalismo indio aprovecha las diferencias religiosas entre hinduistas y cristianos para atacar a todos los que no se ajustan a la visión de lo que debería ser el país.
Una forma particularmente mezquina de persecución es la que se dirige contra los cuerpos de los cristianos fallecidos. En efecto, no solo es frecuente que se impida a los cristianos enterrar a sus muertos en sus propias aldeas, sino que a veces se exhuman sus cadáveres a posteriori, de forma ilegal.
Ante esta práctica cada vez más frecuente, el Tribunal Supremo de la India ha tenido que ordenar que no se realicen más exhumaciones forzadas de cadáveres en una aldea del estado indio de Chhattisgarh, después de que las denuncias de una organización de derechos de las minorías revelaran que los cadáveres de algunos cristianos tribales convertidos habían sido desenterrados y trasladados a lugares lejanos contra la voluntad de sus familias.
El tribunal, compuesto por los jueces Vikram Nath, Sandeep Mehta y N.V. Anjaria, ha establecido que «no se permitirá ninguna exhumación adicional de los cuerpos ya enterrados», y ha pedido al Gobierno de Chhattisgarh que responda en un plazo de cuatro semanas a la petición presentada por la Asociación de Chhattisgarh para la Justicia y la Igualdad.
Según la asociación, la policía local impidió los entierros de cristianos basándose en una sentencia anterior dictada por el Tribunal Supremo. En enero de 2025, los jueces no habían llegado a una posición unánime sobre el entierro de los cristianos tribales convertidos en sus pueblos de origen. Se llama «cristianos tribales» a los pertenecientes a los pueblos originarios de la India, anteriores a la invasión de los arios en el siglo XVI antes de Cristo. Estos pueblos en algunos casos son paganos, pero también han registrado gran cantidad de conversiones al cristianismo. A menudo son discriminados por ello.
La ambigüedad de la sentencia anterior se utilizó para impedir los entierros en los terrenos comunitarios de los pueblos y, en algunos casos, para permitir la exhumación por parte de las fuerzas del orden de los cuerpos ya enterrados y su traslado a decenas de kilómetros de distancia. El abogado Colin Gonsalves, que representa a la Asociación de Chhattisgarh para la Justicia y la Igualdad, habló ante el Tribunal de «exhumaciones a gran escala» realizadas sin informar a las familias. En un caso, el cuerpo de la madre de un miembro de la organización fue trasladado y enterrado en otro lugar, a pesar de la voluntad expresa de la mujer de ser enterrada en su propia aldea. En otro episodio, el cuerpo del marido de una mujer tribal fue desenterrado y trasladado a unos 50 kilómetros de su lugar de origen.
La causa de las tensiones es el argumento de que quienes se han convertido al cristianismo no pueden ser enterrados en los terrenos del pueblo, sino solo en cementerios cristianos oficialmente reconocidos. Una postura que se considera discriminatoria e inconstitucional. Para el arzobispo Victor Henry Thakur de Raipur, presidente del Consejo de Obispos Católicos de Chhattisgarh, la decisión del Tribunal representa «solo un alivio y aún no justicia», pero constituye en cualquier caso «un paso positivo».
«El entierro de los cristianos tribales en sus aldeas nunca ha sido un problema», declaró a AsiaNews. «Solo en los últimos años algunos grupos con motivaciones políticas han comenzado a plantear argumentos ilógicos contra estos entierros. Es una postura contraria a nuestra Constitución y muy peligrosa para la unidad y la integridad de la India».
Las tensiones en torno a los entierros no solo afectan a Chhattisgarh. Por ejemplo, la semana pasada, en el estado indio oriental de Orissa, se prohibió a una familia cristiana enterrar a un niño de 13 años en el cementerio de la aldea de Kapena, en el distrito de Nabarangpur. El padre del niño, Krutibas Santa, contó que, tras la muerte de su hijo a causa de una larga enfermedad, algunos habitantes del pueblo bloquearon el acceso al terreno del cementerio. Solo después de casi 20 horas, y gracias a la intervención de la administración del distrito y de la policía, la familia pudo proceder al entierro, pero exclusivamente en un terreno de propiedad privada.
Según los familiares, Krutibas se vio obligado a firmar una declaración en la que se comprometía a no colocar símbolos religiosos en la tumba y a garantizar el mantenimiento de la paz en el pueblo, mientras que algunos residentes intimaron a la familia a renunciar a su fe o a abandonar el pueblo.
El 25 de enero trascendió otro caso en el que un grupo de personas interrumpió las oraciones en una iglesia local y amenazó a unas 30 familias cristianas tribales.
