(ACI/InfoCatólica) Desde febrero de 2022, la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y «copresidenta», Rosario Murillo, ha confiscado al menos 39 propiedades vinculadas a la Iglesia Católica en Nicaragua. La cifra proviene de un recuento difundido por el medio nicaragüense Confidencial —publicado también por Mosaico CSI—, que advierte que el número real podría ser mayor debido al silencio de quienes han sido despojados y temen nuevas represalias.
La ofensiva contra la Iglesia no se limita al plano patrimonial. Según testimonios recogidos en el exilio, el régimen ha ido estrechando el cerco sobre la vida pública de la fe y sobre la acción educativa, pastoral y caritativa de comunidades religiosas, diócesis y fundaciones. En ese contexto, el exembajador nicaragüense ante la OEA, Arturo McFields, interpreta el expolio como un acto abiertamente contrario a la ley de Dios: «Creo que la dictadura está violentando el séptimo mandamiento. No robarás. Pero como sabemos, la dictadura roba, confisca las propiedades a la Iglesia porque en el esquema de un régimen como el de Nicaragua, el poder viene de las propiedades, de las armas o el dinero».
McFields sostiene que, detrás de la voracidad confiscatoria, hay un intento de golpear la obra de la Iglesia, aunque subraya que el fundamento de su fuerza no es material: «Por eso está empeñada en robar todo lo que puede para de algún modo querer causarle algún daño a la obra del Señor. Mas no sabe que el poder de la Iglesia no viene de las propiedades o de lo material. Viene de Dios».
El temor impuesto por el régimen explica, en parte, la dificultad para verificar la totalidad de los bienes arrebatados. Confidencial señala que el conteo puede ser mayor, pero que no ha podido corroborarse por el silencio de los afectados. Martha Patricia Molina, abogada e investigadora en el exilio y autora del informe “Nicaragua: Una Iglesia perseguida”, describe un clima de asfixia que impide cualquier protesta abierta: «En Nicaragua no se puede protestar porque la dictadura no lo permite y a quienes se atrevan los destierran, encarcelan o asesinan. Lo único que pueden hacer los católicos es orar en sus parroquias (porque tampoco lo pueden hacer en las calles) o en sus casas».
Molina considera que el despojo se mantendrá mientras el régimen conserve el control del país: «La confiscación de propiedades a la Iglesia Católica es una situación irreversible mientras la dictadura continúe en el poder. El 1 de enero prohibieron la procesión de Jesús Sacramentado, lo que significa que los dictadores continuarán persiguiendo a los católicos».
El mecanismo para consumar las confiscaciones, de acuerdo con lo descrito en el informe citado, sigue un patrón que combina decisiones administrativas y control político de las instituciones. Primero, se cancela la personería jurídica de congregaciones o fundaciones religiosas, a las que el régimen acusa de obstaculizar la supervisión de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Sin embargo, se denuncia que es el propio Ministerio del Interior el que se niega a recibir la documentación que luego exige, cerrando cualquier salida. Tras la cancelación —sin derecho efectivo de reclamo o apelación—, el gobierno dispone el traspaso de los bienes al Estado.
Las 39 propiedades mencionadas en el recuento pertenecían, según Confidencial, a nueve congregaciones religiosas, cuatro diócesis y cinco fundaciones o grupos de laicos. Entre los más golpeados figura la Compañía de Jesús. Los jesuitas habrían sufrido la confiscación de al menos nueve propiedades, incluida la Universidad Centroamericana (UCA), institución con 63 años de historia en Nicaragua. Para justificar el golpe, el régimen acusó al centro de promover el terrorismo, sin aportar pruebas que sostuvieran tal imputación.
Dentro de ese conjunto de afectados, los jesuitas fueron los únicos que denunciaron públicamente las confiscaciones. En ese momento, su vocero, el P. José María Tojeira —fallecido en septiembre de 2025—, estimó el valor de las propiedades en 60 millones de dólares. Por su parte, Confidencial calculó el monto en 77 millones, precisando que podría ser aún mayor.
Otra de las diócesis golpeadas por el expolio es la de Matagalpa. En el recuento aparece con tres propiedades confiscadas. Su obispo, Rolando Álvarez, es presentado como un crítico del régimen y actualmente se encuentra exiliado en Roma. Entre los inmuebles arrebatados se incluye la curia episcopal, lugar donde el prelado y un grupo de colaboradores fueron asediados por la policía durante dos semanas, hasta que finalmente fue arrestado y encarcelado en agosto de 2022. El valor de las tres propiedades confiscadas a esa diócesis supera los siete millones de dólares, según estimaciones de Mosaico CSI.
El destino posterior de varios inmuebles muestra, además, la voluntad del régimen de borrar su identidad eclesial y reutilizarlos bajo estructuras estatales. El Monasterio de la Orden de Santa Clara (Clarisas) en Chinandega fue transformado en el Centro Universitario «Héroes de Chinandega», asignado a la Universidad Nacional Agraria (UNA). De modo similar, el Centro Diocesano Pastoral «La Cartuja» de la Diócesis de Matagalpa fue reacondicionado como «Centro Universitario de Tecnologías Agropecuarias y Tecnologías para la Agroexportación ‘Padre y Comandante Camilo Torres Restrepo’», también adscrito a la UNA.
En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación quedó a cargo de la administración de tres colegios confiscados. Se trata del Colegio Susana López Carazo, arrebatado en abril de 2023 a las Hermanas Dominicas de la Anunciata; el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, confiscado en mayo de 2023 a las religiosas de la congregación del mismo nombre en San Sebastián de Yalí, Jinotega; y el Colegio San José, confiscado a las Hermanas Josefinas en agosto de 2025 en Jinotepe, Carazo.
La dictadura también habría ocupado ocho residencias religiosas, incluida la curia episcopal donde vivía Mons. Rolando Álvarez. En ese marco, se indica que en marzo de 2025 se inauguró la clínica de Servicios Médicos Especializados S.A. (SERMESA), una empresa privada que administra varias clínicas médicas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Para el P. Edwing Román, vicario parroquial de Santa Agatha —la iglesia de Miami donde también celebra Misa Mons. Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua—, el informe de Confidencial «está muy bien documentado. Luego vinieron más confiscaciones y expulsiones que quedaron en el silencio por temor a represalias». El sacerdote atribuye el ensañamiento a una represalia contra la Iglesia y contra pastores concretos por su servicio en medio de la represión: «Esto sucede como venganza de la dictadura a la Iglesia y a algunos obispos y sacerdotes, en particular por nuestra labor humanitaria en la represión que sufre Nicaragua y, sobre todo, en abril 2018 cuando ocurrieron las protestas cívicas en el país».
Molina amplía el marco del hostigamiento y sitúa los datos de propiedades confiscadas dentro de una persecución más extensa. Según su recuento, entre 2018 y 2025 han sido 43 las propiedades confiscadas a la Iglesia; además, la dictadura ha perpetrado 1.030 ataques contra los católicos y ha prohibido 18.808 procesiones. En medio de esa presión, anima a resistir con prudencia, sin claudicar en la transmisión de la fe, y advierte sobre la presión ideológica sobre los menores: alienta a «denunciar anónimamente las arbitrariedades y persecuciones y asegurarse de criar a los hijos en la fe», ya que, advierte, «en los colegios ya están adoctrinando a los niños y adolescentes para que sean contrarios a la fe».
El P. Román, por su parte, describe una situación en la que la devolución de los bienes se vuelve prácticamente imposible por la corrupción y el control total de las instituciones: «en este momento [es] muy difícil que las comunidades religiosas apelen a la devolución de sus bienes por la corrupción del sistema judicial, donde la dictadura controla todas las instituciones del estado incluyendo ejército y policía. Los bienes robados ni siquiera han continuado la obra como por ejemplo asilos cerrados y los ancianos a la calle, igualmente comedores infantiles cerrados y a niños negándoles alimento, salud educación y enseñanza cristiana».
En su diagnóstico, el régimen busca presentar a la Iglesia como enemiga y, al mismo tiempo, apagar su autoridad manipulándola desde dentro. Sin embargo, afirma que la predicación no se detiene, también desde el destierro: «La dictadura considera a la Iglesia como su enemiga y trata de manipularla internamente para apagar su autoridad. Sin embargo, [la Iglesia] sigue hablando también desde el exilio. No somos políticos ni formamos un partido: predicamos el Evangelio también [debido] a nuestra responsabilidad para iluminar al Pueblo de Dios y a los hombres y mujeres de buena voluntad en este momento histórico. No se debe estar al lado de los opresores».
En el cierre, McFields insiste en que, por grande que sea el expolio, hay un límite que el poder no puede franquear: la fe del pueblo. «podrá robar un medio, una escuela, un templo, pero no pueden robar lo más sagrado y lo más grande que tiene el pueblo, que es la fe, que es esa convicción tan grande que el pueblo de Nicaragua tiene siendo una Iglesia perseguida». Y añade una reflexión final sobre el curso de la historia frente a los abusos: «Yo creo que todo lo que estamos viendo que la dictadura ha venido haciendo va a pasar igual que en años, en décadas anteriores. Robaron, confiscaron, pero al final la historia nos da grandes lecciones. Estamos viendo ahorita en tiempo real cómo los grandes poderosos que se creían dioses o semidioses, hoy están de rodillas y vestidos de trajes de presos».
El P. Román concluye con una exhortación tomada del Evangelio y vinculada al magisterio de San Juan Pablo II: «‘No tengan miedo’, nos dice el Evangelio, frase tomada por San Juan Pablo II desde el inicio de su pontificado como un grito profético para el mundo».
