(InfoCatólica) La Cámara de Diputados italiana ha aprobado el proyecto de ley n. 2423 Valditara, denominado «Disposiciones en materia de consentimiento informado en el ámbito escolar», con 151 votos a favor y 113 en contra. El texto establece que toda actividad curricular o extracurricular en centros de educación secundaria que aborde temas de sexualidad, afectividad, relaciones y orientación sexual requerirá el consentimiento previo de las familias.
Fuori gli attivisti lgbt di estrema sinistra dalle scuole. Voglio una scuola libera dalla propaganda ideologica della Schlein e della deriva progressista e se mi appello ai valori di Dio, Patria e Famiglia dico quello in cui crede la maggioranza degli Italiani. Alea iacta est. pic.twitter.com/JkkaFL0lJf
— Rossano Sasso (@roxsasso) December 3, 2025
Contenido y modalidades del proyecto de ley
El proyecto de ley equipara los centros de educación secundaria obligatoria con los de bachillerato, estableciendo que debe obtenerse el consentimiento de los padres para estudiantes menores de edad y de los propios estudiantes cuando sean mayores de edad. Según se recoge en algunos medios, el formulario informativo debe transmitirse al menos siete días antes de la actividad, con indicación detallada de objetivos, contenidos, modalidades y presencia de expertos externos.
Las escuelas infantiles y primarias quedan excluidas de cualquier actividad adicional de educación sexual, que deberá seguir exclusivamente las indicaciones de los programas escolares oficiales. La solicitud de consentimiento debe contener de manera clara los objetivos educativos, contenidos específicos y modalidades de desarrollo de las actividades, además de la indicación de la presencia de expertos externos o representantes de asociaciones involucrados. El material didáctico previsto para los proyectos debe poder ser consultado por los padres.
Justificación constitucional del texto
Los defensores del proyecto argumentan que la medida se basa en el principio constitucional establecido en el artículo 30 de la Constitución italiana, que establece que «es deber y derecho de los padres instruir y educar a los hijos». Si la familia o el estudiante deciden no participar tras evaluar contenidos y modalidades de los proyectos, la escuela está obligada a prever actividades formativas alternativas que no sean improvisadas, sino actividades ya incluidas en el plan trienal de la oferta formativa.
Control sobre los expertos involucrados
En nombre de una alianza más sólida entre escuela y familia, el centro educativo asume la responsabilidad de autorizar a profesionales externos a través del colegio docente y el consejo de instituto. El colegio de profesores define los criterios de selección evaluando títulos, experiencia profesional comprobada, científica o académica de los expertos, la coherencia de su intervención con las finalidades educativas y la adecuación a la edad de los estudiantes. El proyecto prevé la obligación de la presencia de un docente del centro en caso de cursos extracurriculares que involucren a alumnos menores de edad y sujetos externos.
Reacciones de la mayoría gubernamental
El ministro de Educación y Mérito ha destacado la coherencia de la ley respecto al principio constitucional sobre el derecho-deber de educar a los hijos del que son titulares los padres, subrayando también su atención «al crecimiento equilibrado de nuestros jóvenes y garantiza la seriedad científica del tratamiento de problemas éticamente delicados en el respeto de los valores constitucionales».
El diputado Rossano Sasso, portavoz de la Lega en la comisión de Ciencia, Cultura e Instrucción, ha defendido que «la educación de los hijos corresponde sobre todo a los padres» y que el consentimiento informado representa «un instrumento importante para tutelar la libertad de elección educativa». Sasso ha llegado a cuestionar las directrices de la Organización Mundial de la Salud: «¿Alguien ha leído las directrices de la OMS para la educación sexual en la franja de 0-4 años? Prevén el descubrimiento de los genitales y la masturbación infantil. ¿Es esto lo que queréis para nuestros hijos?».
Protestas de la oposición
Las fuerzas de oposición han organizado una manifestación frente al Palacio de Montecitorio tras la aprobación. La secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, ha declarado que «lo que ha hecho hoy la derecha es muy grave, es lo contrario de lo que serviría en este país para contrastar la violencia de género y prevenirla». Schlein ha criticado que «sin dar más recursos a las escuelas se les pide que se hagan cargo de preparar actividades separadas para aquellas familias que no dan el consentimiento».
Nicola Fratoianni de Alianza Verdes y Sinistra ha definido el proyecto como «un reflujo anticientífico» que «produce ya hoy daños muy grandes», sosteniendo que «estáis demoliendo la escuela pública». La diputada del Movimiento 5 Estrellas Gilda Sportiello ha argumentado que «en el país donde una mujer es asesinada cada tres días» el gobierno «va en dirección opuesta» respecto a las indicaciones de OMS, ONU, UNESCO y Parlamento europeo.
Apoyo de las asociaciones pro-familia
Jacopo Coghe, portavoz de Pro Vita y Familia, ha celebrado la aprobación: «Son 13 años que nos batimos para introducir en el ordenamiento escolar el principio del consentimiento informado sobre temas íntimos y sensibles. Un instrumento liberal que ayudará a los padres a conocer, individualizar y rechazar por anticipado proyectos inapropiados que promueven entre los menores el género fluido, el aborto, el útero de alquiler y una visión ideológica de la sexualidad».
La red de más de cien asociaciones «Ditelo sui tetti» ha expresado su gratitud: «El voto de la Cámara para la introducción del consentimiento informado pone finalmente en el centro de la misión educativa a la familia. Agradecemos a los parlamentarios que han votado a favor y al Gobierno, especialmente en las personas de los ministros Valditara y Roccella».
El texto proseguirá ahora su tramitación en el Senado, donde no se esperan modificaciones significativas.
