(Katholisch/InfoCatólica) El jefe del Gobierno del Vaticano ya no deberá ser cardenal, según dispone la reciente reforma del texto fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, promulgada este viernes por el papa León XIV. Con esta modificación, el Santo Padre ajusta la normativa a una práctica introducida durante el pontificado del papa Francisco (2013–2025), quien en enero de 2025 nombró a la religiosa Raffaella Petrini presidenta del Governatorato sin que entonces se alterara el texto legal.
El Papa, como soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, ejerce la totalidad de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y por ello no está jurídicamente sujeto a dicho texto. En el documento pontificio con el que decreta la reforma, el papa León XIV explica que se trata de una «consolidación» de soluciones «que hasta ahora se habían desarrollado como respuesta a las exigencias cada vez más complejas y urgentes de la administración vaticana».
Francisco abrió el camino a la participación de laicos en la administración vaticana
Hasta ahora, el texto fundamental establecía que la autoridad legislativa del Estado —la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano— debía estar compuesta por cardenales y otros miembros, siendo el presidente elegido entre los cardenales. Con la nueva redacción, el artículo correspondiente se modifica para que el presidente o la presidenta pueda ser elegido entre todos los miembros de la Comisión, sin distinción de rango.
El presidente o presidenta de la Comisión Pontificia es, además, el responsable del Governatorato, que constituye el poder ejecutivo del Estado vaticano.
El Estado de la Ciudad del Vaticano fue creado en 1929 mediante los Pactos de Letrán y se rige por un texto fundamental que regula su organización. La última reforma integral fue aprobada en 2023 por el papa Francisco.
El Pontífice, en su condición de jefe del Estado vaticano, representa también al sujeto de derecho internacional denominado Santa Sede. La reforma de 2023 precisó la función del Estado vaticano como instrumento al servicio de la Santa Sede y estableció con claridad la distinción entre las funciones del Gobierno vaticano (el Governatorato) y las del Santo Padre y la Curia Romana, confirmando una práctica vigente desde hace décadas.
Dicha reforma permitió asimismo la incorporación de laicos a la Comisión Pontificia, reforzando la corresponsabilidad de todos los fieles en el servicio y gestión de la Iglesia, en coherencia con la doctrina católica sobre la participación del laicado en la misión eclesial.
