(Asia News/InfoCatólica) El cardenal David, acompañado por viudas, huérfanos y supervivientes de ejecuciones extrajudiciales, ofreció una rueda de prensa en Mandaluyong City, cerca de Manila, el 7 de noviembre, en la que urgió a Marcos Jr. a poner en marcha este organismo para «sacar a la luz todo el alcance» de los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos.
En la carta remitida ese mismo día, el cardenal defendió que una comisión nacional sería un paso necesario hacia la justicia y la sanación del país tras la violencia de la política antidroga. Según David, la comisión daría respuesta a las familias afectadas y enviaría «un mensaje contundente de que el valor prevalece sobre el miedo y la responsabilidad sobre la impunidad».
El prelado subrayó que las familias siguen de luto y han perdido no solo a sus seres queridos, sino también «la sensación de seguridad, la confianza en las instituciones públicas y, a menudo, sus medios de subsistencia». Además, lamentó que la diócesis de Kalookan siga siendo uno de los escenarios más afectados y criticó el fracaso de investigaciones parlamentarias anteriores, como las audiencias de la Quad Comm.
David insistió en la necesidad de un órgano independiente que lleve a cabo investigaciones imparciales, dado que muchas pesquisas se han limitado «a apoyar la función legislativa» y no han exigido responsabilidades a los presuntos responsables. Miles de casos siguen clasificados como «muertes bajo investigación» (DUI), lo que, a su juicio, «sirve de tapadera para los asesinos a sueldo».
El cardenal defendió que pedir la verdad no es revancha, sino un camino para restaurar la dignidad, la confianza y la coherencia moral de la democracia: «El silencio genera resentimiento y miedo; la verdad restablece la dignidad, la confianza y la coherencia moral de nuestra democracia», afirmó.
La «guerra contra las drogas» fue lanzada por Duterte al asumir la presidencia el 30 de junio de 2016. Diversas fuentes sitúan en al menos 12.000 las muertes relacionadas, muchas de ellas de personas pobres en áreas urbanas; la Policía Nacional de Filipinas ha sido considerada responsable de 2.555 de esos casos. Organizaciones de derechos humanos estiman que el número real de víctimas podría superar las 30.000 y han denunciado falsificación de pruebas por parte de la policía. Duterte y otros altos cargos han sido acusados de alentar la campaña, que podría constituir crímenes contra la humanidad.
Detenido en Filipinas el 11 de marzo —un arresto que, según la nota editorial, fue posible tras la ruptura de su alianza política con Marcos—, Rodrigo Duterte permanece bajo la custodia de la Corte Penal Internacional en La Haya, a la espera del inicio de un juicio por los presuntos crímenes contra la humanidad que se le imputan en su país.
