(ACIPrensa/InfoCatólica) Unas treinta organizaciones en defensa de la vida y la familia manifestaron su oposición al reciente «Protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes para el reconocimiento de la identidad de género en la comunidad educativa», emitido por el Ministerio de Educación del Ecuador. El texto fue aprobado a finales de octubre en cumplimiento de la sentencia 95-18-EP/24 de la Corte Constitucional, dictada tras un caso de presunta discriminación contra una niña identificada como «trans» en la localidad de Salinas.
A través de un comunicado conjunto difundido en redes sociales bajo el lema #NOalProtocoloNiñezTrans, los colectivos advirtieron de que el nuevo reglamento «se impone por encima de los padres de familia y su derecho a una educación libre de ideologías». En el mismo pronunciamiento se señala que «el protocolo atenta contra la familia, núcleo fundamental de la sociedad, ya que vulnera el derecho de los padres a ofrecer a sus hijos una educación libre de ideologías y adoctrinamiento».
El Ministerio de Educación sostiene que el protocolo es un instrumento «técnico, pedagógico y humanista» destinado a prevenir la discriminación y «garantizar el respeto al nombre social» de los estudiantes. La institución insiste en que «no promueve la ideología de género» ni «alienta decisiones irreversibles».
No obstante, las organizaciones firmantes acusan a la Corte Constitucional de actuar como «una corte activista que somete a las entidades públicas a tergiversar los valores familiares amparados en la Constitución del Ecuador». Aseguran además que el documento «desprotege a nuestros hijos dentro del ámbito educativo, fomentando la censura a quienes no deseen prestarse a esta narrativa».
El comunicado denuncia que el protocolo distorsiona conceptos relacionados con la identidad y el desarrollo emocional de los menores, restringe la voz de los padres, impone sanciones a los alumnos que no usen el lenguaje de «autopercepción» de sus compañeros y abre la puerta al adoctrinamiento mediante campañas de «sensibilización».
«Terribles amenazas impone este protocolo, generalizando una excepción y normalizando el adoctrinamiento transexual en menores de edad dentro del ámbito educativo», advierten las organizaciones.
Los colectivos exigieron al Gobierno que el presidente «cumpla su compromiso de marzo pasado y deje sin efecto el protocolo emitido», y que el Ministerio de Educación «elabore uno nuevo con la participación de los padres de familia». Asimismo, llamaron a las familias ecuatorianas a levantar su voz «contra este ataque a la patria potestad».
«Una intrusión jurídica que invade el hogar»
En declaraciones a ACI Prensa, Martha Cecilia Villafuerte, fundadora y directora nacional de Familia Ecuador —una de las organizaciones firmantes—, calificó el protocolo como una «intrusión jurídica» que vulnera los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos.
«El Estado, al emitir este protocolo, está directa o indirectamente diciéndoles a los padres cómo criar a sus hijos y qué tipo de educación deben aceptar para ellos. A través de estas herramientas jurídicas, manipuladas por sentencias de la Corte Constitucional, se está tentando y trastocando lo más sagrado que tenemos en el hogar: nuestros hijos», afirmó Villafuerte.
Según la dirigente provida, el documento «invade inconstitucionalmente el ámbito educativo y desconoce el derecho de los padres».
Villafuerte advirtió que la medida tiene un grave impacto sobre la autoridad familiar. «Por defender el derecho de una minoría, se está trastocando el derecho de una gran mayoría. Se está generalizando una excepción y convirtiéndola en una imposición para todo el sistema educativo», explicó.
«Este protocolo censura e impone una aceptación forzada. Si un padre con principios cristianos no quiere que su hijo reciba esta narrativa, no podrá oponerse. La única opción que le quedará será retirar a su hijo del colegio y optar por la educación en casa», añadió.
«Sí promueve ideologías y adoctrinamiento»
Pese a las afirmaciones del Gobierno, Villafuerte rechazó que el documento sea neutral. «Se obliga al sistema educativo a aplicar procesos de “acompañamiento” y “sensibilización” sobre los cuales no hay contenido público ni autorización de los padres. Se imponen contenidos ideológicos sin consentimiento, sin información previa, sin socialización y sin retroalimentación», denunció.
La directora de Familia Ecuador alertó de que este tipo de políticas «ya se han aplicado en otros países, donde se sobrepasa la patria potestad y se margina a los padres precisamente porque las autoridades saben que la mayoría de familias conservadoras rechazarían estos contenidos, tanto en colegios laicos como religiosos».
«Anularlo es posible, urgente y necesario»
Villafuerte subrayó que la sociedad civil exige la anulación inmediata del protocolo. «Es posible, necesario y obligatorio. No se trata de una ley ni de un proyecto de ley, sino de una resolución ministerial. Del mismo modo que la ministra lo firmó, puede anularlo y emitir uno nuevo», afirmó.
«Esta es la petición de toda la sociedad civil, que se ha manifestado desde diferentes plataformas y medios rechazando este protocolo. No esperamos simples modificaciones: pedimos un cambio radical, un borrón y cuenta nueva», concluyó.
