(EspañaEduca/InfoCatólica) En los cinco párrafos que el documento hecho público el día 18 de enero dedica a la EpC, el Partido Popular reitera una vez más “su seria discrepancia con su configuración y contenidos, por entender que con ellos los poderes públicos se arrogan unas atribuciones que no les competen, invaden ámbitos educativos que corresponden primariamente a los padres y presentan graves riesgos de adoctrinamiento”.
España Educa en Libertad, que elogia el nuevo reconocimiento expreso de los derechos de los padres en relación con la educación de sus hijos, pone de manifiesto que ni los riesgos de adoctrinamiento ni las ilegítimas atribuciones de los poderes públicos desaparecerían con la mera aplicación de las tres medidas que el PP propone, que se corresponden con las tres etapas educativas en las que actualmente se imparten las asignaturas obligatorias de EpC:
1. En Primaria, la “formación cívica” sería de “carácter transversal” y estaría inspirada “en los valores y principios de la Constitución”.
2. En la ESO, se mantendrían las dos asignaturas obligatorias que se imparten en uno de los tres primeros cursos (Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos) y en 4.º (Educación Ético-Cívica), aunque con unos “nuevos contenidos”, que serían “acordados íntegramente” y que girarían en torno al “conocimiento de la Constitución”, así como a la “comprensión de sus valores, de las reglas de juego y de sus instituciones”.
3. Por último, en Bachillerato, la materia de Filosofía recuperaría “su configuración clásica”, pérdida con el “empobrecedor planteamiento” de la denominada Filosofía y Ciudadanía que forma parte del currículo en vigor.
La Federación considera que, como han manifestado insistentemente las asociaciones que la integran durante estos últimos años, para abordar la “formación cívica” no es necesaria ninguna asignatura específica, en ninguna de las etapas educativas de la enseñanza no universitaria. Así pues, valora positivamente las medidas planteadas por el Partido Popular para Bachillerato e incluso para Primaria, pero llama la atención sobre el hecho de que la transversalidad no elimina ‘per se’ el riesgo de adoctrinamiento. Éste sólo quedaría razonablemente superado si expresamente se vedara la transmisión de más valores que los que el artículo 1 de la Constitución define como los “superiores” de nuestro ordenamiento jurídico; a saber, “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
En cuanto a la fórmula propuesta por los populares para las dos materias de EpC en la Secundaria Obligatoria, España Educa en Libertad defiende que sería preferible que también fueran eliminadas del currículo, excesivamente recargado de disciplinas académicas, y en esa etapa también se abordara la “formación cívica” de forma transversal o incluyendo algunos bloques temáticos dedicados a ella en áreas humanísticas.
No obstante, la Federación admitiría el mantenimiento de ambas asignaturas como obligatorias, siempre que de sus programas fuesen eliminados no sólo los contenidos que no se limiten al estudio de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, sino (y esto es algo aún más trascendental) también los objetivos y criterios de evaluación que se inmiscuyen en cuestiones de carácter ideológico y/o moral, pues en ellos radican buena parte de los “graves riesgos de adoctrinamiento” a los que se refiere el PP.
“Los padres que rechazamos los actuales programas de EpC no tenemos vocación de objetores, sino la de padres. Y como tales, asumimos nuestro deber de educar a nuestros hijos con todas las consecuencias, una de las cuales es la defensa de nuestro derecho a transmitirles en casa y a exigir que se les transmitan (también en los centros docentes) los valores morales que consideremos acordes con nuestras convicciones. Eso es algo contra lo que atentan tanto la actual EpC como la futura educación sexual obligatoria (algo así como una EpC II) y no estamos dispuestos a consentirlo”, manifiesta Marisa Pérez Toribio, la presidenta de España Educa en Libertad.
“Pedimos al PP”, añade, “que, en sus planteamientos en materia de política educativa, incluya las modificaciones legislativas necesarias para que los derechos de los padres queden expresamente reconocidos y garantizados de forma efectiva en la Ley Orgánica de Educación”.
Marisa Pérez Toribio recuerda que “los gobiernos autonómicos del Partido Popular están obrando de forma muy poco coherente con lo que el documento del día 18 de enero (como algunos otros anteriores) reflejan como posición de su grupo político en relación con EpC”. “Si esperan que creamos en su buena fe y en su voluntad política de acabar satisfactoriamente con este grave conflicto”, indica para finalizar, “deberán comenzar a actuar de forma consecuente con sus solemnes y ampulosas declaraciones formales”.
