(LSN/InfoCatólica) Virginia Occidental está en su derecho de proteger a los bebés no nacidos y a las mujeres de los riesgos asociados a los fármacos abortivos, según ha dictaminado recientemente un tribunal federal.
El Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito rechazó el recurso presentado por GenBioPro, fabricante de mifepristona, que alegaba que únicamente la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) podía limitar el acceso a este medicamento. La empresa pretendía comercializarlo en Virginia Occidental, aunque nunca había llegado a venderlo en ese estado.
La Ley de Protección del Niño No Nacido, aprobada poco después del fallo Dobbs v. Jackson, protege en general la vida humana en el útero, aunque contempla excepciones en casos de «emergencia médica», así como durante las primeras ocho semanas de embarazo para adultas víctimas de agresión sexual y hasta las 14 semanas para menores que han sido violadas. No obstante, defensores provida recuerdan que toda vida humana es digna de protección y que el valor del niño por nacer no depende de las circunstancias de su concepción. Además, expertos médicos sostienen que el aborto directo nunca es médicamente necesario.
La sentencia destaca que el fallo Dobbs en junio de 2022 dejó claro que los estados pueden regular e incluso prohibir la destrucción intencionada de vida humana inocente.
«Volver a federalizar la cuestión del aborto sin una clara directriz del Congreso, justo tras Dobbs, sería quedarnos a un solo paso de la desobediencia», escribió el juez Harvie Wilkinson en el fallo respaldado por la mayoría del tribunal.
Tras analizar la legitimación de la empresa para demandar, Wilkinson reiteró que Dobbs otorgó a los estados una amplia autoridad para regular el aborto:
«Como reconoció el Tribunal Supremo en Dobbs, los estados han regulado el aborto desde los primeros días del derecho estadounidense. Todos los estatutos estatales y territoriales analizados en aquella decisión prohibían el uso de medicamentos para provocar un aborto, tal y como hace la ley estatal que abordamos aquí», afirmó.
Asimismo, el tribunal subrayó que la FDA puede establecer cómo debe prescribirse un fármaco, pero no obliga a los estados a permitir su uso.
El fallo concluyó desestimando la petición de los grupos favorables al aborto de reconocer un supuesto «derecho» a estos medicamentos:
«Sencillamente carecemos de autoridad como tribunal federal para sustituir nuestras preferencias políticas por las de la legislatura de Virginia Occidental. El litigio nunca debió reemplazar el arduo trabajo democrático de persuadir a los representantes del pueblo».
La sentencia ha generado reacciones enfrentadas. Entre los opositores a la normativa estatal se encuentran la ciudad y el condado de Baltimore, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Por su parte, en defensa de la ley se han posicionado varios fiscales generales estatales, la Thomas More Society, Americans United for Life, Family Research Council y otros grupos provida.
El gobernador Patrick Morrisey celebró el fallo:
«Defendí esta ley como fiscal general y me enorgullece ver esta victoria. Virginia Occidental podrá seguir aplicando nuestras leyes provida y liderar los esfuerzos para proteger la vida. ¡Siempre seremos un estado provida!».
Según el Instituto Guttmacher, favorable al aborto, los fármacos abortivos representan actualmente el 63 % de todos los abortos en Estados Unidos, un aumento impulsado por la decisión del gobierno de Biden de eliminar prácticamente todas las restricciones a su distribución, permitiendo incluso su envío por correo.
