La ley HR 1, conocida oficialmente como One Big Beautiful Bill Act, es un ambicioso proyecto legislativo impulsado por la administración Trump que combina reformas fiscales, sociales, migratorias y de seguridad.
En el ámbito económico, la norma prolonga y amplía los recortes fiscales aprobados en 2017, eleva los límites de deducción por impuestos estatales y locales, introduce nuevas deducciones para propinas, horas extraordinarias y préstamos personales, y crea cuentas de ahorro para la infancia. Estas medidas, dirigidas principalmente a los contribuyentes de rentas medias y altas, se prevé que aumenten considerablemente el déficit público a lo largo de la próxima década.
En cuanto al gasto público, el texto contempla recortes significativos en programas sociales esenciales, con una reducción estimada de unos 860.000 millones de dólares en el programa sanitario Medicaid y cerca de 300.000 millones en ayudas alimentarias. Además, impone nuevos requisitos laborales para acceder a la atención médica pública, introduce copagos, y transfiere a los estados competencias para gestionar las ayudas alimentarias.
Uno de los aspectos más cuestionados de la ley es su marcado enfoque en materia migratoria. Se destinan más de 140.000 millones de dólares a reforzar el control fronterizo, ampliar los centros de detención y poner en marcha un plan de deportaciones masivas con capacidad para un millón de personas al año. Asimismo, se establece un nuevo impuesto del 5 % sobre las remesas enviadas al extranjero por inmigrantes que no tienen la ciudadanía estadounidense.
En el ámbito de la defensa, la ley incrementa considerablemente el presupuesto militar, con una inversión destacada en tecnologías avanzadas, como sistemas no tripulados. También modifica las políticas energéticas, reduciendo los incentivos fiscales a las energías renovables y reforzando el apoyo a la industria del petróleo y el gas.
Otros puntos relevantes incluyen la congelación durante diez años de las regulaciones estatales sobre inteligencia artificial, la eliminación del servicio gratuito de presentación de impuestos ofrecido por la agencia tributaria federal (IRS), y la prohibición de que los programas públicos financien tratamientos relacionados con la transición de género. Asimismo, impone nuevas restricciones fiscales a determinadas entidades sin ánimo de lucro acusadas de facilitar actividades ilegales.
Piden al Senado que no la apruebe
Un amplio grupo de líderes religiosos de distintas denominaciones ha dirigido una carta al Senado de Estados Unidos solicitando el rechazo de la ley, actualmente en proceso de consideración. El documento, firmado por obispos católicos, pastores protestantes rabinos, imanes y otros representantes eclesiásticos, advierte de los efectos perjudiciales que tendría la aprobación de esta ley tanto para las comunidades inmigrantes como para los sectores más vulnerables del país.
Los firmantes denuncian que el proyecto de ley contempla una financiación multimillonaria destinada a intensificar las deportaciones masivas, lo que, en su opinión, provocaría la separación de familias, el daño a menores ciudadanos e inmigrantes, y el incremento de la inseguridad en las comunidades locales. Asimismo, critican la reciente eliminación de los lugares de culto de la lista de ubicaciones sensibles por parte del Departamento de Seguridad Nacional, lo que permite a los agentes de inmigración realizar operativos en templos religiosos.
Entre otras preocupaciones, el texto señala que HR 1 incluye fondos para la construcción de un muro en la frontera con México. Según los líderes religiosos, esta medida empujará a los migrantes a zonas más peligrosas del desierto, aumentando el número de muertes, perjudicando al medio ambiente y favoreciendo la actividad de los traficantes de personas.
Por otra parte, la misiva alerta sobre los recortes contemplados en asistencia sanitaria y alimentaria, que afectarían a millones de ciudadanos de bajos ingresos, incluidos solicitantes de asilo y refugiados. Citan un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso que indica que la ley transferiría riqueza desde los sectores más pobres hacia los más ricos, ampliando la brecha socioeconómica en el país.
«Desde nuestras distintas tradiciones de fe, creemos que el trato a los más necesitados es una prueba moral para la nación», afirman los firmantes. «Esta legislación perjudicará a los pobres y vulnerables, en detrimento del bien común».
Entre los firmantes destacan el cardenal Robert W. McElroy, arzobispo de Washington D.C.; el cardenal Joseph William Tobin, arzobispo de Newark; así como numerosos obispos católicos, representantes episcopales, rabinos y líderes musulmanes. Todos ellos instan al Senado a votar en contra del proyecto HR 1, por considerarlo contrario a los principios de justicia social y compasión que inspiran sus respectivas confesiones religiosas.
