(InfoCatólica) En el caso Medina v. Planned Parenthood South Atlantic, el juez Neil Gorsuch redactó la sentencia, avalada por la mayoría de los magistrados, con un resultado de seis votos a favor y tres en contra.
El fallo sostiene que los individuos no tienen “derechos” a emplear fondos públicos en Planned Parenthood a través de Medicaid, respaldando así la decisión de Carolina del Sur. La sentencia mantiene vigente un decreto ejecutivo de 2018 que excluye a dicha organización del programa conjunto entre el estado y el Gobierno federal.
«Planned Parenthood y la paciente Julie Edwards alegaron que su exclusión violaba la cláusula del programa que permite elegir a cualquier proveedor cualificado», señala el texto. «Edwards afirmó que prefería Planned Parenthood para la atención ginecológica y necesitaba la cobertura de Medicaid».
La decisión fue respaldada por los jueces conservadores John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. En contra votaron las juezas liberales Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor.
El gobernador Henry McMaster, impulsor del decreto en 2018, celebró el fallo: «Hace siete años defendimos la santidad de la vida y los valores de Carolina del Sur —y hoy, por fin, triunfamos», declaró, según WIS 10. «Se ha confirmado la legalidad de mi decreto que impide que fondos públicos financien a proveedores de aborto como Planned Parenthood».
El fiscal general Alan Wilson también mostró su satisfacción: «Planned Parenthood y sus aliados intentaron usar Medicaid como arma para imponer su agenda, pero la Corte les ha dicho: “No”. Esto se trata de quién gobierna Carolina del Sur: nuestros líderes electos o activistas foráneos y jueces no electos. Nos alegramos de que la Corte haya tenido razón».
Desde Planned Parenthood South Atlantic criticaron el fallo, subrayando que podría dejar sin financiación pública a algunas de sus sedes. Precisamente eso es lo que se busca con la ley.
Portavoces del movimiento provida calificaron la decisión de “victoria” para su causa. Para Virginia Allen, productora de Daily Signal, la resolución representa «un triunfo significativo para el movimiento pro‑vida». Charlie Kirk, director de Turning Point USA, escribió en X: «Planned Parenthood no debería recibir ni un céntimo de dinero público». Asimismo, la presidenta de Students for Life of America, Kristan Hawkins, exclamó: «¡LA VIDA GANA!».
Resumen sentencia
Resumen de la sentencia en Medina v. South Carolina Dept. of Health and Human Services
Fecha: 26 de junio de 2025
Ponente: Juez Neil Gorsuch
Resultado: Recurso de los demandantes rechazado
Votación: 6–3
Contexto del caso
En 2018, el gobernador de Carolina del Sur dictó una orden ejecutiva para excluir a Planned Parenthood del programa Medicaid, impidiendo que recibiera financiación pública. Esta orden fue cuestionada por Julie Edwards, una paciente de Medicaid, y Planned Parenthood South Atlantic. Alegaban que esta exclusión violaba el derecho de los beneficiarios de Medicaid a elegir cualquier proveedor cualificado bajo la cláusula federal de “any qualified provider” (42 U.S.C. §1396a(a)(23)(A)).
Desarrollo procesal
Los demandantes recurrieron a los tribunales federales para impedir la aplicación de la medida estatal. El caso llegó al Supremo para decidir si un beneficiario individual de Medicaid puede demandar a un Estado por supuesta infracción de dicha cláusula.
Cuestión jurídica
La cuestión clave era si la cláusula federal sobre proveedores “cualificados” en Medicaid crea un derecho privado ejecutable por los beneficiarios bajo la ley federal (42 U.S.C. §1983).
Fallo y argumentos de la mayoría
El Tribunal, con opinión de Gorsuch, sostuvo que:
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El Congreso no creó un derecho privado ejecutable con esta cláusula de Medicaid.
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El texto no contiene un mandato claro e incondicional que otorgue a los beneficiarios individuales una facultad para demandar a los Estados.
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La política de permitir solo a proveedores excluidos recurrir legalmente evita un uso excesivo de litigios federales que interfieran en la administración estatal de Medicaid.
Por tanto, el Tribunal rechazó que Julie Edwards tuviera legitimidad para demandar por este motivo.
Opinión concurrente
El juez Clarence Thomas subrayó que no existen precedentes claros que reconozcan el derecho a litigar individualmente en este contexto, y enfatizó que el sistema federalista no permite a los tribunales reemplazar las decisiones políticas de los estados.
Opinión disidente
Las juezas Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson disintieron:
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Argumentaron que la cláusula de Medicaid sí confiere un derecho individual a elegir proveedores cualificados.
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Señalaron que la jurisprudencia previa sí ha permitido demandas similares bajo §1983.
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Calificaron la decisión como un retroceso en la protección de derechos de acceso sanitario.
