(InfoCatólica) El Congreso de los Diputados ha admitido ayer martes a trámite la proposición de ley orgánica impulsada por el PSOE para tipificar como delito en el Código Penal las terapias de conversión de la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género, con penas de prisión de seis meses a dos años.
La propuesta ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, y se tramita coincidiendo con la celebración del mes del Orgullo. El texto legislativo contempla que también podrá imponerse la inhabilitación especial de tres a cinco años para ejercer profesiones u oficios en los ámbitos educativo, deportivo o de tiempo libre.
El diputado socialista Víctor Gutiérrez ha denunciado en el pleno que estas terapias son «una de las peores formas de violencia que una persona puede sufrir», y ha acusado a «familias, curas, pastores de sectas o 'coaches'» de seguir promoviéndolas «impunemente, muchas veces escondidos tras asociaciones religiosas y sectas».
Formaciones como el BNG, Podemos, Bildu y ERC han calificado estas prácticas de «tortura», mientras que el PNV ha hablado de «aberración» y Sumar de «prácticas que atentan contra la dignidad de las personas». Varias de estas formaciones han recordado que el PSOE no respaldó en febrero una iniciativa legislativa similar que, además, buscaba proteger y reparar a las víctimas.
Desde el PP, Jaime Miguel de los Santos ha asegurado que «cuando defendemos los derechos del colectivo LGTBI, estamos defendiendo los derechos de una sociedad justa», y ha subrayado que «en eso estamos todos unidos». Por su parte, María de la Cabeza Ruiz, de Vox, ha calificado la propuesta de «aberración» y ha criticado que busca «enviar a la cárcel a personas inocentes», atentando contra la libertad individual, de pensamiento y religiosa.
La proposición de ley establece que si la víctima es menor de edad, se emplea violencia, hay situación de superioridad o la práctica se realiza con fines lucrativos o desde una organización, la pena deberá imponerse en su mitad superior. Ello podría afectar a los padres de los menores que quieran ayudar a sus hijos en ese ámbito.
Asimismo, si el delito lo comete una persona jurídica, se contempla una multa de seis meses a dos años, pudiendo imponerse también su disolución, la suspensión de actividades, la clausura de locales y la inhabilitación para recibir ayudas públicas.
El Gobierno pretende que la Iglesia no ejerza su obligación
Cabe recordar el reciente enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia en España a cuenta del proyecto "Transformados", que busca la conversión de las personas, incluidas las homosexuales.
Mons. Luis Argüello le explicó a la Ministra de Igualdad la naturaleza pastoral de dicho proyecto, que es similar a otros que se ofrecen en la Iglesia no solo en España sino en todo el mundo. Las explicaciones no fueron aceptadas por el gobierno.
