(CNA/InfoCatólica) La nueva normativa exige que cada aula de educación primaria y secundaria cuente con un «cartel duradero o una copia enmarcada» de los Diez Mandamientos. El texto debe colocarse en un lugar visible del aula, medir al menos 40,6 cm de ancho por 50,8 cm de alto y emplear un tipo de letra «legible para una persona con visión promedio desde cualquier punto del aula». Además, se prohíbe la inclusión de cualquier contenido adicional.
Aunque la ley no impone a los centros educativos la obligación de adquirir estas copias con fondos propios, establece que las escuelas deben aceptar cualquier donación privada que cumpla con los requisitos especificados.
La iniciativa fue presentada en el Senado por el senador estatal Phil King, donde fue aprobada el 19 de marzo con 20 votos a favor y 11 en contra. Posteriormente, fue defendida en la Cámara de Representantes por la diputada estatal Candy Noble, quien subrayó que «el objetivo del proyecto es destacar lo que es históricamente importante para nuestra nación en términos educativos y judiciales». La Cámara aprobó la medida el 25 de mayo con 82 votos a favor y 46 en contra. El Senado dio su aprobación final el 28 de mayo (21-10).
La medida incluye una disposición que otorga protección legal a las escuelas que enfrenten demandas relacionadas con su aplicación. En esos casos, la Fiscalía General de Texas asumirá la defensa legal del centro afectado, y el Estado cubrirá los costes derivados de litigios, sentencias o acuerdos.
El texto legal determina también la versión exacta de los Diez Mandamientos que deberá exponerse, comenzando con las palabras: «YO SOY el SEÑOR tu Dios».
Diversos colectivos han anunciado acciones legales contra la norma texana. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), junto con su delegación en Texas, Americans United for Separation of Church and State y la Freedom From Religion Foundation, han declarado que se trata de una ley «manifiestamente inconstitucional» y han manifestado su intención de «detener esta violación de los derechos recogidos en la Primera Enmienda» de estudiantes y familias.
Líderes religiosos cristianos y judíos también expresaron su rechazo a la legislación mediante una carta enviada al Legislativo en marzo, en la que afirmaban que «el gobierno se extralimita cuando dicta una versión oficial aprobada por el Estado de cualquier texto religioso».
La ley entrará en vigor oficialmente el 1 de septiembre de 2025, coincidiendo con el inicio del curso escolar. Es una de las más de 600 medidas promulgadas por Abbott durante la 89.ª sesión legislativa ordinaria. Entre ellas, también destaca otra norma que permite a los centros escolares implementar políticas para que alumnos y empleados puedan participar en momentos diarios, voluntarios, de oración y lectura de textos religiosos.
Debate legal en torno a la Primera Enmienda
Efectivamente, el principio de separación entre Iglesia y Estado recogido en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos prohíbe al gobierno establecer una religión oficial o favorecer una religión sobre otra.
Uno de los precedentes más citados en esta materia es el caso Stone v. Graham (1980), en el que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional una ley de Kentucky que requería exhibir los Diez Mandamientos en las aulas de las escuelas públicas. El alto tribunal sostuvo que el propósito principal de esa ley era religioso, no educativo, lo cual violaba la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda.
Desde entonces, la Corte ha empleado lo que se conoce como el “test de Lemon” (derivado del caso Lemon v. Kurtzman, 1971) para evaluar posibles violaciones de la Cláusula de Establecimiento. Este test exige que toda ley con implicaciones religiosas cumpla tres criterios: tener un propósito secular, no promover ni inhibir la religión, y no implicar una «excesiva intervención» del gobierno en asuntos religiosos. Muchas leyes que promueven la exhibición de símbolos religiosos en escuelas han fracasado bajo esta prueba.
Sin embargo, en años recientes, la Corte Suprema ha adoptado una postura más permisiva hacia la expresión religiosa en el espacio público. Por ejemplo, en Kennedy v. Bremerton School District (2022), la Corte falló a favor de un entrenador de fútbol que fue despedido por rezar en el campo, estableciendo que su conducta estaba protegida por la libertad religiosa y de expresión.
Este giro jurisprudencial ha animado a algunos estados, como el propio Texas, Arkansas o Luisiana, a promover leyes que reincorporan elementos religiosos en entornos educativos, con la expectativa de que la composición actual de la Corte Suprema —mayoritariamente conservadora— podría revisar y posiblemente revertir precedentes anteriores.
No obstante, estas leyes siguen siendo objeto de litigio. En el caso de Luisiana, una norma similar fue bloqueada por un tribunal federal de apelaciones al considerarse inconstitucional. En Arkansas, la ley está siendo impugnada judicialmente, y se espera que la ley texana enfrente un proceso similar tras el anuncio de demanda por parte de grupos como la ACLU y Americans United for Separation of Church and State.
En resumen, aunque existe jurisprudencia que cuestiona la constitucionalidad de exhibir los Diez Mandamientos en escuelas públicas, el panorama legal podría evolucionar en función de futuras decisiones de la Corte Suprema.
