(LSN/InfoCatólica) La sentencia, respaldada por los seis jueces nombrados por presidentes republicanos, y a la que se han opuesto los tres restantes, desestima el recurso presentado por tres familias, un médico y la Administración Biden, quienes alegaban que la ley vulneraba la Cláusula de Igualdad de Protección recogida en la Constitución.
La legislación, aprobada con amplia mayoría en la Cámara estatal (77 votos a favor y 16 en contra) y promulgada por el gobernador Bill Lee en 2023, establece que «un proveedor sanitario no podrá realizar ni ofrecer realizar a un menor, ni administrar ni ofrecer administrar a un menor, un procedimiento médico con el propósito de: (A) permitir que el menor se identifique con una identidad supuestamente distinta a su sexo; o (B) tratar el malestar por la discrepancia entre su sexo y su identidad declarada».
Más de veinte estados han adoptado leyes similares en los últimos años. De ahí la importancia del fallo.
Ryan Anderson, presidente del Ethics and Public Policy Center y miembro de la recientemente creada Comisión de Libertad Religiosa del presidente Donald Trump, celebró la decisión:
«¡Excelente noticia! El Supremo acaba de dictaminar por 6 votos a 3 que los estados pueden proteger a los niños de procedimientos de ‘transición’ que rechazan el sexo».
Por su parte, Chloe Cole, joven que ha revertido una transición de sexo, escribió en la red social X:
«Mi corazón rebosa gratitud. Cada niño en América está ahora más seguro. Gracias al Estado de Tennessee, a los padres que nunca se rindieron y a cada detransicionador que compartió la verdad. Esta victoria es nuestra».
El presidente del tribunal, John Roberts, firmó la opinión mayoritaria en la que afirmó que «este caso conlleva intensos debates científicos y políticos sobre la seguridad, eficacia y conveniencia de estos tratamientos en un ámbito en constante evolución». Y añadió:
«La Cláusula de Igualdad de Protección no resuelve estos desacuerdos ni nos autoriza a decidir lo que consideremos mejor».
«Nuestro papel no es juzgar la sabiduría, equidad o lógica de la ley en cuestión», subrayó Roberts, «sino asegurar que no viole la garantía de igualdad ante la ley de la Decimocuarta Enmienda». Y concluyó:
«Al concluir que no lo hace, dejamos las cuestiones de política en manos del pueblo, sus representantes electos y el proceso democrático».
