(KNA/InfoCatólica) Los estados federados rechazaron unánimemente la propuesta del gobierno de coalición para su supresión. «Nos hemos estrellado contra un muro», afirmó. En el pacto de coalición presentado por la Unión y el SPD no se mencionan ni las prestaciones estatales a las iglesias ni el examen de una posible supresión.
«Intentar nuevamente acercarse a los estados federados me parece inútil en los próximos años», dijo Castellucci. Sin embargo, considera importante mantener vivo el tema. Hasta el año 2060, alrededor de 40,000 edificios de iglesias católicas y protestantes deberán ser vendidos como consecuencia de la disminución de fieles. El político del SPD considera esto una «pérdida para el bien común». Esto plantea la pregunta de si surgirán estaciones de bicicletas o alojamientos vacacionales de Airbnb, o si se conservarán espacios comunitarios. Podría ser una opción que el Estado, como forma de compensación por las prestaciones estatales, asuma parte de estos edificios y así alivie ya a la Iglesia, propuso Castellucci.
Prestaciones estatales desde hace unos 200 años
Muchas diócesis (arzobispados) y las iglesias protestantes regionales reciben regularmente dinero de los estados federados. La mayoría de estas llamadas prestaciones estatales se remontan al año 1803: en ese entonces, numerosos bienes eclesiásticos fueron expropiados y nacionalizados. Las prestaciones estatales son comparables a pagos de arrendamiento o alquiler.
La Constitución de Weimar de 1919 estableció que las prestaciones estatales a las iglesias debían ser abolidas mediante leyes estatales. Esta disposición se encuentra en el artículo 138, que indica que dichas prestaciones, basadas en leyes, contratos o títulos especiales, deben ser conmutadas, y que los principios generales para ello deben ser definidos a nivel federal. Esta obligación fue incorporada en la Ley Fundamental de 1949 mediante el artículo 140, que integra varios artículos de la Constitución de Weimar al texto constitucional vigente.
Sin embargo, hasta hoy no se ha concretado la supresión de estas prestaciones. Aunque su abolición es un mandato constitucional, las iglesias católica y protestante siguen recibiendo cada año alrededor de 600 millones de euros del Estado, como compensación por la expropiación de bienes eclesiásticos ocurrida en 1803. La implementación de esta medida ha resultado políticamente compleja y no ha contado con el consenso necesario para llevarse a cabo, lo que ha perpetuado una situación transitoria durante más de un siglo.
