(Vatican.news/InfoCatólica) El Dicasterio para el Clero actualiza la disciplina relativa a las intenciones de la Misa y las ofrendas relacionadas, introduciendo reglas más claras para garantizar la transparencia, la rectitud y el respeto de la voluntad de los fieles. El Decreto aprobado por el Papa Francisco de forma específica ayer, 13 de abril, entrará en vigor el próximo 20 de abril, Domingo de Pascua.
Una costumbre que hay que proteger
La cuestión se refiere a una de las formas más concretas de participación de los fieles en la vida de la Iglesia: pedir que se celebre una misa por los vivos o por los difuntos. Se trata de una costumbre muy antigua, fundada en profundas motivaciones pastorales y espirituales, y hasta ahora regida por condiciones que, por una parte, mantenían la palabra dada a los oferentes y, por otra, prevenían del peligro de «comercio» con las cosas sagradas. En virtud de esta práctica, los fieles mediante la ofrenda, reza el texto, «desean unirse más estrechamente al Sacrificio eucarístico, añadiéndole un sacrificio propio y colaborando en las necesidades de la Iglesia y, en particular, contribuyendo al mantenimiento de sus ministros sagrados». De este modo, los fieles «se unen más íntimamente a Cristo que se ofrece y, en cierto sentido, se insertan aún más profundamente en la comunión con Él», según una costumbre que «no sólo es aprobada por la Iglesia, sino que también es promovida por ella».
El documento -que integra y precisa las normas ya contenidas en el decreto Mos iugiter de 1991- nace para afrontar algunas cuestiones críticas que han surgido en la práctica y especialmente en relación con las misas con intenciones «colectivas», es decir, celebraciones con varias intenciones en el mismo rito.
El consentimiento de los oferentes debe ser explícito
En particular, el Dicasterio presidido por el cardenal Lazarus You Heung-sik establece que, si lo ordena el consejo provincial o la reunión de los obispos de la provincia, «los sacerdotes pueden aceptar varias ofrendas de distintos oferentes, acumulándolas con otras y satisfaciéndolas con una sola Misa, celebrada según una única intención “colectiva”, si -y sólo si- todos los oferentes han sido informados y han consentido libremente». A este respecto, se explicita que, en ausencia de «consentimiento explícito», la voluntad de los oferentes «nunca puede presumirse», es más, «en su ausencia, siempre se presume que no se ha dado».
Si en primer lugar se recomienda que «cada comunidad cristiana se preocupe de ofrecer la posibilidad de celebrar misas diarias con una sola intención», el Decreto afirma que el sacerdote «puede celebrar misas diferentes también según intenciones “colectivas”, entendiéndose que le es lícito retener, diariamente, una sola ofrenda por una sola intención entre las aceptadas».
Garantizar los sacramentos a los más pobres y apoyar las misiones
De nuevo, el decreto renueva las disposiciones ya vigentes, según las cuales «el ministro, además de las ofrendas determinadas por la autoridad competente, para la administración de los sacramentos no pedirá nada, evitando siempre que los más necesitados se vean privados de la ayuda de los sacramentos a causa de la pobreza». Además, se aclara que cada obispo diocesano puede, en consideración a las circunstancias específicas de la Iglesia particular y de su clero, disponer el destino de las ofrendas «a las parroquias necesitadas de la propia diócesis o de otras, especialmente en los países de misión».
Vigilancia y prevención de delitos
Se pide a los obispos y a los párrocos que vigilen, asegurándose de que cada intención y ofrenda se inscriba en registros especiales, y que velen para que quede clara para todos «la distinción entre la solicitud de una intención específica de la Misa, (aunque sea “colectiva”) y el simple recuerdo durante una celebración de la Palabra o en determinados momentos de la celebración eucarística». A este respecto, se precisa que «solicitar» o incluso simplemente «aceptar ofrendas» en relación con los dos últimos casos es «gravemente ilícito» y prevé el recurso a «medidas disciplinarias y/o penales».
Una auditoría dentro de diez años
Por último, el Dicasterio para el Clero anuncia que, diez años después de la entrada en vigor de estas normas, promoverá un estudio de la práctica, así como de la legislación vigente en la materia, con vistas a una «verificación» de su aplicación y a una posible «actualización».
