(InfoCatólica) Con una amplia mayoría parlamentaria -179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones- el Congreso ha aprobado este jueves la modificación de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, una reforma presentada por el PSOE en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de 2022. La nueva disposición incorpora como causa de disolución de asociaciones la apología del franquismo, ya sea mediante el enaltecimiento del Alzamiento de 1936, el régimen franquista o cualquiera de sus dirigentes, siempre que se constate menosprecio a las víctimas o incitación al odio o la violencia.
La reforma no afecta a las fundaciones, que siguen otro procedimiento. En el caso de entidades como la Fundación Francisco Franco, su extinción depende del Ministerio de Cultura, que ya abrió el expediente correspondiente en junio del pasado año.
Durante el debate, el Partido Popular y la Unión del Pueblo Navarro optaron por la abstención. Ambas formaciones criticaron que la norma no incluya también la condena de otros regímenes totalitarios, como los comunistas o socialistas. Pedro Puy (PP) calificó la reforma de «selectiva» y lamentó que «no interpela a todas las víctimas», mientras que Alberto Catalán (UPN) cuestionó que no se considere apología del terrorismo etarra como parte de la memoria democrática.
Vox, único partido que votó en contra, denunció que se trata de «una coartada para justificar un atropello intolerable a las libertades más básicas». El diputado Juan José Aizcorbe acusó al Gobierno de querer «imponer un único relato oficial» y pronosticó que la medida «convertirá a miles de jóvenes inquietos en simpatizantes del franquismo».
Por su parte, Artemi Rallo, del PSOE, defendió que «la apología del franquismo no puede excusarse en la libertad de expresión ni de manifestación». El socialista afirmó que la extinción de asociaciones que enaltezcan la dictadura supone «una exigencia democrática ineludible» y un acto de justicia hacia las víctimas.
La norma estipula que será un juez quien determine la disolución de estas asociaciones, independientemente de lo que indiquen sus estatutos. El Ministerio Fiscal será el encargado de ejercer la acción, aunque también se reconoce legitimación a las asociaciones memorialistas y de víctimas del régimen franquista. La Fiscalía podrá asimismo valorar si existen indicios de delitos como el de asociación ilícita, previsto en el Código Penal para organizaciones que promuevan el odio o la violencia.
Una vez aprobada en el Congreso, la reforma deberá ser ratificada por el Senado antes de su entrada en vigor.
