(InfoCatólica) Mons. García Magán ha explicado que el diálogo mantenido con el Gobierno ha permitido alcanzar consensos en aspectos clave como la continuidad del culto católico en la basílica, la permanencia de la comunidad benedictina y la conservación de la cruz monumental. García Magán defendió estos elementos como esenciales para la identidad del recinto, y destacó que «la cruz no puede ser entendida como un símbolo político, sino como el signo supremo del amor y del perdón de Jesucristo».
El gobierno quería derribar la Cruz
El prelado reveló cómo ha sido el proceso en torno al Valle:
«El gobierno de España manifestó años atrás la intención de resignificar la Basílica y los espacios en torno del Valle de los Caídos, incluida la desacralización de la Basílica y la salida de los benedictinos. Como saben ustedes, el pasado 11 de octubre el presidente visitó al Santo Padre y tuvo un encuentro también con el cardenal Parolin. En ambos encuentros el presidente planteó la resignificación del Valle en el contexto de la Ley de Memoria Democrática.
La Santa Sede conoció de encuentros que se habían producido a tres bandas, por parte de los monjes de la Abadía, del cardenal de Madrid, donde está sita la Abadía y del presidente de la Conferencia Episcopal y el Nuncio apostólico.
Los criterios compartidos siempre por este grupo de trabajo eran que en primer lugar la Basílica tenía que mantenerse para orar por todos los caídos, por la reconciliación y por la paz, y segundo la presencia de los monjes.
Ulteriormente el ministro Bolaños tuvo una visita a Roma donde estuvo con el cardenal Parolin y con el Secretario para las relaciones con los estados, Mons. Gallagher. El planteamiento del gobierno tenía como punto de partida en ese momento la salida de la comunidad benedictina y la desacralización de la Basílica. También estaba el tema, aunque no fue estrictamente propuesta del gobierno, la destrucción de la Cruz que preside el conjunto monumental.
El planteamiento que trasladó la Iglesia al gobierno, el cardenal Parolin y la Santa Sede, estableció que fuera el cardenal Cobo el interlocutor con el gobierno puesto que la Basílica se encuentra en territorio de la archidiócesis de Madrid. El planteamiento que presentó la Iglesia fue la conservación siempre de la Basílica y el mantenimiento del culto católico en el lugar, como lugar de oración por la paz, la reconciliación y por todos los caídos en la nefasta guerra civil española. Segundo, la presencia de una comunidad monástica en el lugar para atención de la Basílica; y tercero, que la Cruz no se podía destruir, puesto que es una expresión del amor, de la entrega, del perdón por parte de Jesucristo.
En este momento, lo único que está definitivamente acordado, y esto se ha sabido porque una vez más ha sido el gobierno el que ha filtrado este proceso de diálogo, es que de ese planteamiento inicial de la salida de la comunidad benedictina queda que la comunidad sigue; el mantenimiento de la Basílica como espacio sagrado destinado al culto; y tercero, el respeto a todos los elementos religiosos situados fuera de la Basílica.
Ahora bien, el gobierno todavía habla de la resignificación, pero todavía no se conocen los extremos de esa resignificación ni tampoco los plazos de tiempo ni de lugar».
Regulación de inmigrantes
Por otro lado, el portavoz de los obispos también instó a los grupos parlamentarios del Congreso, especialmente al PSOE y al PP, a aprobar la Iniciativa Legislativa Popular que propone la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes, respaldada por más de 600.000 firmas.
García Magán destacó que se trata de personas que «ya están integradas, que trabajan y que contribuyen al bien común» y alertó sobre la especial vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes en situación irregular. Criticó además las dificultades existentes para el reagrupamiento familiar y el reconocimiento del estatus de refugiado.
En la misma línea, rechazó que se asocie inmigración irregular con delincuencia y recordó que la posición de la Iglesia siempre ha sido clara a favor de una acogida digna y de políticas que respeten los derechos humanos.
