(Actuall/InfoCatólica) El 26 de febrero de 2025, el gobierno de Donald Trump decidió retirar casi toda la financiación destinada al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), una agencia de la ONU largamente cuestionada por su implicación en la promoción de la política del hijo único en China. Esta política, implementada durante décadas, se caracterizó por abortos y esterilizaciones forzadas a mujeres, muchos de ellos documentados por diversas organizaciones de derechos humanos.
La medida implicó la cancelación de aproximadamente 41 subvenciones gestionadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado, lo que representa un recorte total de cerca de 290 millones de dólares.
El papel del UNFPA en la política demográfica china ha sido motivo de fuertes críticas. La organización destinó en su momento 50 millones de dólares al programa de planificación familiar del país asiático, adquirió computadoras para gestionar y aplicar cuotas de nacimientos, y financió la fabricación de dispositivos intrauterinos (DIU), que se imponían de forma obligatoria a mujeres jóvenes.
Con el respaldo del UNFPA, el régimen chino aplicó medidas severas: mujeres embarazadas eran arrestadas y acusadas de cometer el «delito» de estar embarazadas. Muchas fueron sometidas a abortos forzados y a esterilizaciones. Las que lograban evadir a las autoridades enfrentaban otras represalias, como prisión, demolición de sus viviendas o multas que superaban varias veces el ingreso anual familiar, denominadas «tasas de compensación social».
A pesar de las denuncias por crímenes de lesa humanidad, el UNFPA mantuvo su apoyo a estas políticas. En 1983, uno de los años más duros en términos de coerción reproductiva en China, la ONU otorgó su primer «Premio de Población de las Naciones Unidas» a la República Popular China, elogiándola por su «contribución más destacada a la conciencia sobre las cuestiones poblacionales».
Las revelaciones sobre estos hechos jugaron un papel decisivo en la aprobación de la Enmienda Kemp-Kasten por el Congreso estadounidense en los años 80, la cual prohíbe financiar a entidades involucradas en abortos o esterilizaciones forzadas. Como resultado, la administración Reagan suspendió el apoyo financiero al UNFPA, decisión que más adelante repetiría el primer gobierno de George H. W. Bush.
Sin embargo, el UNFPA continuó respaldando las prácticas de control demográfico chinas, incluso frente a abundante evidencia de abortos forzados en etapas avanzadas del embarazo, incluyendo procedimientos por cesárea. Además, la agencia ofreció cobertura política a estas medidas. En 1989, su entonces directora, Nafis Sadik, afirmó que la política del hijo único era «completamente voluntaria» y que «no existía tal cosa como un permiso para tener hijos».
Durante la administración Clinton, los fondos estadounidenses regresaron al UNFPA. En ese período, Sadik elogió la política china como «exitosa» y anunció que su agencia contrataría a miembros de la policía poblacional china «para trabajar en otros países y popularizar la experiencia china en el control del crecimiento demográfico».
Una de las consecuencias de esta exportación fue el programa de esterilización forzada implementado en Perú en los años noventa, donde alrededor de 300,000 mujeres fueron sometidas a ligaduras de trompas de manera coercitiva. También en Vietnam se promovió una política similar, donde tras el segundo hijo, las mujeres eran obligadas a esterilizarse.
En 1994, el Congreso de EE. UU. volvió a cortar los fondos al UNFPA, lo que forzó su retirada temporal de China. Sin embargo, en 1998, la agencia volvió tras ser invitada a implementar «programas modelo de planificación familiar» en 32 condados chinos. Sadik aseguró entonces que en esas zonas la maternidad sería «completamente voluntaria», sin cuotas, permisos, promoción del aborto ni coerción.
Estas declaraciones implicaban un reconocimiento indirecto de que, en el resto del país, sí existía coerción. Investigadores del Population Research Institute (PRI) visitaron dichos condados y constataron que las afirmaciones de Sadik no eran ciertas: el personal del UNFPA colaboraba estrechamente con la policía poblacional, replicando las mismas tácticas represivas.
Tras denunciar estas irregularidades ante la administración de George W. Bush y el Congreso, la financiación fue suspendida una vez más.
El debate sobre el financiamiento del UNFPA ha persistido con el paso de los años. Bajo la presidencia de Barack Obama, los fondos fueron restaurados; Donald Trump los recortó de nuevo durante su mandato, y luego fueron reactivados durante la administración de Joe Biden.
La decisión más reciente de la administración Trump representa el recorte más amplio hasta la fecha, y se produce en un contexto global en el que las tasas de natalidad están cayendo drásticamente. Incluso China, que abandonó oficialmente su política del hijo único en 2016, enfrenta ahora una crisis por el envejecimiento de su población y la baja tasa de nacimientos.
En este escenario, cada vez más voces cuestionan la necesidad de una agencia como el UNFPA, cuya historia está ligada al respaldo de políticas de control poblacional coercitivas.
