(Crux/InfoCatólica) El asesinato de ocho jóvenes el pasado 16 de marzo en una aldea rural del municipio de Salamanca, en el violento estado de Guanajuato, ha causado gran conmoción en México.
En respuesta a esta tragedia, la Iglesia ha promovido diversas actividades en favor de la paz, como parte de la agenda nacional desarrollada por católicos, académicos y activistas para combatir la violencia en el país.
Los jóvenes se encontraban en una zona de canchas deportivas el domingo por la noche, conversando y tomando una cerveza junto a otros grupos, cuando una camioneta llegó al lugar. De ella descendieron hombres armados que comenzaron a disparar indiscriminadamente. Cuatro de los jóvenes murieron en el acto, mientras que tres más fallecieron al recibir atención médica. El octavo, Juan Martín –uno de los tres menores de edad víctimas del ataque–, sucumbió a sus heridas tres días después. Al menos cinco personas más permanecen hospitalizadas.
A diferencia de otros casos similares, en los que tanto la policía como los medios de comunicación suelen acusar rápidamente a las víctimas de tener vínculos con actividades delictivas, en este caso ocurrió lo contrario. Desde el inicio, se informó que los jóvenes eran estudiantes o trabajadores sin relación alguna con el crimen organizado. Además, estaban ligados a la parroquia local y asistían a Misa los domingos. Cuatro de ellos participaban activamente en la Pastoral Juvenil Diocesana.
«Me dijeron que hombres armados comenzaron a disparar al azar. Fue casi un acto de terror. Un niño de 9 años también fue alcanzado por una bala», relató el diácono Bryan Saldaña, responsable de comunicaciones de la Diócesis de Irapuato, al medio Crux.
Saldaña visitó la pequeña aldea de San José de Mendoza, donde vivían los jóvenes, y conversó con sus familiares y amigos a lo largo de la semana.
«Las familias están desconcertadas y exigen justicia a las autoridades», afirmó.
Se trata de un pequeño pueblo rural cuya economía depende de la agricultura y de las remesas enviadas por familiares que emigraron a Estados Unidos. Como en la mayor parte de Guanajuato –el estado más violento de México–, sus habitantes sufren las acciones de los cárteles de la droga y otros grupos armados. Solo en los primeros dos meses de 2025, se han registrado más de 500 homicidios en la región.
«Las familias de las víctimas han recibido apoyo de la Iglesia y de la comunidad. El 19 de marzo, la parroquia iba a celebrar la festividad de su patrón, San José. La conmemoración fue cancelada y parte de los fondos fueron destinados a ayudar a los familiares», explicó Saldaña.
El obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, presidió la Misa de exequias, durante la cual oró por «quienes se dedican a hacer el mal», pidiendo su «conversión y cambio de vida», especialmente por «los jóvenes que han caído en las redes del mal».
En un comunicado publicado dos días después de la masacre, el prelado expresó la solidaridad de la diócesis con los familiares de las víctimas y anunció una serie de actividades para honrar la memoria de los jóvenes y clamar por la paz, entre ellas una novena y una marcha contra la violencia el próximo 29 de marzo.
Ese mismo día, la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó una declaración en la que manifestó estar «profundamente indignada» por los asesinatos.
«Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la violencia que azota a nuestra nación, que se ha convertido en un cáncer para nuestra sociedad; la delincuencia presupone impunidad, manifiesta desprecio por la vida y hace que la inseguridad prevalezca en nuestros espacios vitales comunitarios; tal realidad hiere el corazón de todos los mexicanos, nadie puede sentirse ajeno a ella», señala el documento.
El episcopado invitó a las autoridades, entidades cívicas, empresarios y comunicadores a asumir su responsabilidad en la construcción de la paz.
En los últimos años, junto con otras instituciones católicas –incluyendo la Compañía de Jesús en México y diversas organizaciones civiles y expertos–, la Iglesia ha impulsado el Diálogo Nacional por la Paz. Este proceso se basa en un extenso documento que abarca siete temas fundamentales –tejido social, seguridad, justicia, prisiones, adolescentes, gobernanza y derechos humanos– e incluye decenas de medidas orientadas a pacificar el país.
Las instituciones eclesiales vinculadas a esta agenda también emitieron un comunicado en el que lamentaron los asesinatos y convocaron a diversas actividades nacionales contra la violencia.
«Entre estas acciones se incluye la colocación de ocho velas en los altares durante las Misas y la ofrenda de rosas en las plazas públicas en memoria de las víctimas de homicidio en el país», explicó el sacerdote jesuita Jorge Atilano, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz.
Atilano lamentó la creciente violencia en Guanajuato y otras partes de México, pero expresó que «ahora hay razones para la esperanza».
«La presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado mayor apertura al diálogo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos mantenido comunicación constante con su administración y hemos trabajado en conjunto para elaborar propuestas de políticas públicas alineadas con nuestra agenda contra la violencia», declaró a Crux.
Desde noviembre de 2024, grupos de trabajo han estado debatiendo temas relacionados con la reconstrucción del tejido social, con la participación de miembros de la Iglesia, universidades y autoridades.
«Creo que estamos avanzando», concluyó Atilano.
