(CNA/InfoCatólica) El Departamento de Finanzas de Canadá ha evitado dar una respuesta clara a la carta enviada el 10 de marzo por la Conferencia Episcopal Canadiense (CCCB), en la que solicitaba que el Gobierno federal no aplique las recomendaciones 429 y 430 del proceso de consultas previas al presupuesto de 2025. Dichas propuestas sugieren la eliminación del estatus benéfico de organizaciones «antiabortistas» y de aquellas dedicadas al «fomento de la religión».
En un comunicado remitido el 13 de marzo al diario The Catholic Register, la portavoz del Departamento de Finanzas, Marie-France Faucher, se limitó a señalar que «el Gobierno de Canadá reconoce el papel vital de las organizaciones benéficas en la prestación de servicios esenciales», sin hacer referencia directa a la CCCB ni a sus preocupaciones.
El 18 de marzo, la CCCB remitió una segunda carta al nuevo ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, nombrado el 14 de marzo por el recién designado primer ministro Mark Carney. En su misiva, los obispos insistieron en la necesidad de una postura más clara, subrayando que «el 40 % de todas las organizaciones benéficas en Canadá son de carácter religioso». Además, alertaron de que la pérdida del estatus benéfico supondría una drástica reducción de donaciones y, en consecuencia, la paralización de servicios esenciales para la comunidad.
El documento cuenta con la firma de 14 prelados, entre ellos el presidente de la CCCB, monseñor William McGrattan (Calgary); su vicepresidente, monseñor Pierre Goudreault (Sainte-Anne-de-la-Pocatière); los cardenales Francis Leo (Toronto) y Gérald Lacroix (Quebec); así como el arzobispo de Montreal, monseñor Christian Lépine.
La misiva ha recibido el respaldo de diversas entidades religiosas y provida, como la Campaign Life Coalition (CLC). Su presidente nacional, Jeff Gunnarson, celebró la iniciativa de los obispos, afirmando que «el Gobierno está atacando los mismos cimientos de nuestro país con estas propuestas» y llamando a la unidad para defender los valores cristianos en Canadá.
Entre las organizaciones que podrían verse afectadas se encuentra Chalice, una entidad católica de apadrinamiento infantil con sede en Nueva Escocia. Su presidente, el padre Patrick Cosgrove, ha calificado la recomendación 430 como una muestra de «sesgo negativo contra la religión» y ha defendido que la práctica de la fe tiene un «impacto positivo y medible en la sociedad y en el individuo».
Por otro lado, la recomendación 429 genera incertidumbre sobre qué entidades podrían ser catalogadas como «antiabortistas». En este sentido, la doctora Laura Lewis, directora de Pregnancy Care Canada, ha advertido en una carta al ministro de Finanzas que la propuesta no especifica los criterios para definir a dichas organizaciones. Además, ha destacado que su red de 81 centros afiliados ofrece apoyo gratuito a mujeres con embarazos no planificados, proporcionando alternativas al aborto.
Lewis también ha señalado que esta medida podría ser una forma de aplicar la promesa electoral del Partido Liberal en 2021, en la que se comprometía a retirar el estatus benéfico a organizaciones que ofrecieran «consejos engañosos sobre los derechos de las mujeres y las opciones disponibles en todas las etapas del embarazo».
Por el momento, el Gobierno no ha aclarado si implementará estas recomendaciones en el presupuesto de 2025, manteniendo en vilo a numerosas organizaciones religiosas y provida que dependen de las donaciones para su supervivencia.
