(CNA/InfoCatólica) El Programa de Subvenciones para la Salud Pública en el Aborto tiene como objetivo facilitar el acceso a los abortorios. Para ello, según el texto de la ley, se destinarán determinados fondos recaudados por las aseguradoras a garantizar la cobertura del procedimiento en casos específicos.
Una versión similiar del proyecto de ley ya fue aprobada en la Cámara de Representantes estatal la semana pasada y obtuvo el respaldo del Senado este lunes. Antes de ser enviado al gobernador, ambas versiones de la iniciativa deben ser armonizadas por los legisladores.
El gobernador Wes Moore ha mostrado una postura favorable al derecho al aborto y ha expresado su apoyo a la medida. En 2025, los votantes de Maryland aprobaron por amplia mayoría una enmienda constitucional que consagra este derecho, con un 75% de los votos a favor. El estado no impone límites gestacionales a la práctica del aborto, lo que lo ha convertido en un destino para mujeres de estados vecinos como Virginia Occidental.
Una propuesta similar no logró avanzar el año pasado debido a preocupaciones legales sobre la utilización de fondos de aseguradoras para financiar clínicas abortistas. La iniciativa actual está diseñada para garantizar que las mujeres sin seguro o con cobertura insuficiente puedan lograr acabar con la vida de sus hijos no nacidos. La financiación proviene de un cargo mensual de un dólar que algunas aseguradoras deben recaudar en cada póliza bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Con el tiempo, el fondo ha alcanzado los 25 millones de dólares, aumentando anualmente en aproximadamente tres millones.
La propuesta en el Senado fue impulsada por el demócrata Guy Guzzone, presidente del Comité de Presupuesto e Impuestos, mientras que en la Cámara de Representantes fue presentada por la delegada demócrata Lesley Lopez y otros legisladores.
Desde la Conferencia Católica de Maryland han instado a los legisladores a redirigir estos fondos hacia programas de apoyo a la maternidad, en lugar de destinarlos al aborto. La organización ha lanzado una alerta estatal llamando a los católicos a manifestarse en contra de la medida. Jenny Kraska, directora ejecutiva de la dicha institución católica, ha expresado su pesar por el uso de fondos públicos en esta iniciativa.
«En lugar de asignar recursos estatales para expandir el acceso al aborto, nuestro estado debería priorizar políticas que respalden a las madres en situación vulnerable, ofrezcan soluciones de salud reales y afirmen la dignidad de la madre y el niño», declaró Kraska a CNA.
También alertó sobre la posibilidad de que se utilicen fondos federales en esta política: «Esperamos que el gobierno federal actúe para garantizar que el dinero de los contribuyentes no se emplee para financiar o subsidiar abortos a nivel estatal», añadió.
La nueva ley entrará en vigor el próximo 1 de julio.
