(Asia news/InfoCatólica) El presidente de Uzbekistán, Šavkat Mirziyoyev, ha firmado la ley «Sobre el diseño de la política estatal para garantizar la libertad de conciencia y la profesión religiosa de los ciudadanos», que prevé medidas para contrarrestar el extremismo y el terrorismo. La ley había sido aprobada por la Cámara Baja del Olij Mažilis (Parlamento de Taskent) a principios de febrero, y confirmada por el Senado uzbeko a finales de mes, para establecer las condiciones constitucionales de las actividades religiosas en el Estado laico de Uzbekistán, y desarrollar modelos de relaciones entre las estructuras del Estado y las confesiones religiosas, en un espíritu de «tolerancia religiosa, solidaridad mutua y diálogo interconfesional».
16 confesiones religiosas en el país
Según este entendimiento, cualquier tendencia a la radicalización religiosa debe ser contrarrestada adecuadamente, incluso con medidas para la rehabilitación social de las personas sometidas a tales influencias. También se reforzará la labor de investigación y prevención de la «difusión de ideologías destructivas» en el espacio informativo. Actualmente, en Uzbekistán operan 2.300 asociaciones religiosas de 16 confesiones diferentes, y viven en el país representantes de comunidades religiosas de 130 nacionalidades distintas. La educación y la enseñanza superior se imparten en 7 lenguas diferentes, los programas de televisión se emiten en 12 idiomas y hay periódicos y revistas en 14 lenguas.
Representantes de todas las confesiones apoyaron la aprobación del concepto, ya que la nueva ley «asegura la concordia entre las religiones del país, como garantía de paz y estabilidad para el futuro de la sociedad uzbeka», según reza el preámbulo de la ley aprobada en el Parlamento. Los delegados de las comunidades religiosas habían sido invitados a la Cámara para comentar detalladamente el texto sometido a debate sobre los mecanismos de la política en el ámbito religioso, aclarando el significado de la laicidad del Estado contra toda tergiversación e interpretación radical.
Las evaluaciones también presentaron información sobre los resultados previstos de la aprobación de la nueva ley, empezando por el «derecho constitucional de todo ciudadano a profesar libremente cualquier religión o a no profesar ninguna», que es uno de los pilares del Estado de Derecho. Esto permite crear una «atmósfera de concordia, solidaridad y compactación social», difundiendo un sentimiento de tolerancia religiosa y armonía entre los diferentes grupos étnicos del país, y garantizando la posibilidad de proporcionar una formación adecuada al personal en el ámbito religioso, profundizando en el «estudio de las cuestiones religiosas con proyectos sistemáticos de investigación científica y análisis a nivel académico».
Las confesiones religiosas, responsables
En Uzbekistán también existe un Consejo de Asuntos Religiosos, en cuya composición están representados todos los líderes de las confesiones religiosas del país. Esto permite el desarrollo conjunto de un «Estado soberano y democrático, basado en la ley y la unidad de los cuerpos sociales». El debate parlamentario concluyó con la garantía de que el concepto aprobado será en todo caso «sometido a un proceso de perfeccionamiento continuo», sobre la base de las propuestas y opiniones recogidas no sólo de las asociaciones religiosas, sino de la amplia consulta a la opinión pública de todos los ciudadanos. La ley será presentada y comentada en diversos actos, encuentros religiosos y conferencias populares y científicas, que el Estado garantizará además la posibilidad de realizar con subvenciones específicas «para la información y análisis de temas religiosos».
Serán, por tanto, las propias confesiones religiosas las encargadas de la lucha contra toda forma de extremismo, gracias a su capacidad para educar a los fieles, y los organismos estatales estarán disponibles para apoyar estas actividades, al tiempo que se comprobará que no existen vacilaciones ni contradicciones a la hora de proponerlas, dejando espacio a expresiones espontáneas e iniciativas inadecuadas por parte de grupos o personas no autorizadas.
