(LSN/InfoCatólica) «Quiero ver más argumentos por parte de las partes involucradas», afirmó McFadden, quien añadió que los obispos no han demostrado haber sufrido un «daño irreparable». A pesar de ello, el magistrado, designado por Trump y miembro del Tribunal de Distrito de Columbia, permitió que continúe el proceso relacionado con una solicitud de medida cautelar preliminar, que, en caso de ser aprobada, desbloquearía los fondos públicos destinados a estos programas.
Además, el juez instó a las partes a participar en una sesión de mediación supervisada por un juez federal.
La suspensión de fondos afecta a 7.000 refugiados
La suspensión de los fondos, notificada por el Departamento de Estado el pasado 24 de enero, apenas cuatro días después de la investidura de Trump, ha afectado, según la USCCB, a cerca de 7.000 refugiados que habían sido asignados a sus programas por el gobierno.
En medio de este conflicto legal, la organización católica ha sido objeto de crecientes críticas. El actual vicepresidente estadounidense, JD Vance, de fe católica, ha cuestionado públicamente si el interés de la USCCB en ayudar a los migrantes está motivado por un afán de lucro.
Críticas conservadoras y cifras controvertidas
Los sectores conservadores también han acusado a la USCCB de respaldar las políticas de fronteras abiertas de la administración de Joe Biden, que, según sostienen, han contribuido al aumento de la delincuencia, incluidos los delitos de trata de personas y tráfico de drogas.
En este contexto, tanto la USCCB como su organización asociada, Catholic Charities, han recibido 449 millones de dólares del gobierno estadounidense para gestionar programas de acogida y traslado de menores inmigrantes no acompañados. No obstante, las autoridades han perdido la pista de aproximadamente 300.000 de estos menores, lo que, según diversas voces críticas, los expone a riesgos de explotación y trata.
