(CNA/InfoCatólica) El nuevo proyecto de ley de seguridad fronteriza, asilo e inmigración en el Reino Unido está recibiendo críticas por parte de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, que considera que la legislación antepone la «criminalización sobre la compasión y la protección». Impulsada por el Gobierno laborista, la futura ley prevé medidas más estrictas contra la inmigración irregular. Ya está en proceso de tramitación en el Parlamento británico tras haber superado su segunda lectura el pasado 10 de febrero.
El debate sobre la inmigración ha sido una prioridad tanto para el actual Gobierno laborista, elegido en julio de 2024, como para el anterior Ejecutivo conservador. Según datos oficiales, en 2024 llegaron al Reino Unido 36.816 inmigrantes a bordo de 695 pequeñas embarcaciones, un incremento significativo respecto a 2018, cuando solo 300 personas entraron al país por esta vía.
El proyecto de ley estipula la denegación automática de la ciudadanía británica a cualquier inmigrante que haya ingresado de manera irregular, sin importar el tiempo transcurrido desde su llegada. Asimismo, convertiría en delito el hecho de entrar al Reino Unido sin autorización, pese a que el país firmó la Convención de la ONU sobre los Refugiados de 1951, que prohíbe penalizar a solicitantes de asilo por su entrada irregular.
Sin vías legales seguras para solicitantes de asilo
El obispo Paul McAleenan, responsable de la pastoral de Migrantes y Refugiados en la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, lamentó que el Gobierno «imponga medidas aún más severas» contra los solicitantes de asilo y no habilite vías seguras y legales para quienes necesitan protección.
«Este proyecto de ley parece favorecer la criminalización sobre la compasión y la protección», afirmó McAleenan en declaraciones a Catholic News Agency (CNA). «El nuevo Gobierno ha hecho poco por abordar la falta de rutas seguras y legales; en su lugar, ha propuesto medidas aún más duras, como la ampliación de los poderes de detención y la reducción de la protección para víctimas de trata y esclavitud moderna».
Frenar las mafias
Desde el Ejecutivo británico se ha justificado la nueva legislación como una estrategia para reforzar la seguridad fronteriza y frenar las mafias que trafican con personas. La ministra del Interior, Yvette Cooper, declaró a la BBC que las redes de tráfico de personas «han operado con impunidad durante seis años» y que este proyecto de ley dará a la policía «mayor capacidad de actuación» contra estas organizaciones.
No obstante, el obispo McAleenan advirtió que muchos de los que llegan al Reino Unido tienen razones legítimas para solicitar asilo. «Es difícil ver cómo la criminalización de los solicitantes de asilo logrará estos objetivos», señaló. «Debe hacerse una distinción entre las víctimas y aquellos que se lucran con su vulnerabilidad».
Además, el prelado recordó que muchas de estas personas huyen de la guerra, la persecución y otros conflictos y no tienen otra opción que arriesgarse en peligrosas travesías. Citando al papa Francisco, hizo un llamamiento al Gobierno británico para cambiar su enfoque.
«Insto al Gobierno a reconsiderar su postura y a centrarse en abordar las verdaderas causas de la migración forzada, garantizando el acceso a rutas seguras y manteniendo los principios fundamentales de compasión», afirmó McAleenan. Y añadió: «Las palabras del papa Francisco son perennes: “Cada migrante tiene un nombre, un rostro y una historia”».
Castigo a los refugiados
Las críticas al proyecto de ley también provienen de organizaciones católicas como el Jesuit Refugee Service (JRS UK), que ha denunciado que la nueva normativa «castiga» a los refugiados.
Sophie Cartwright, responsable de políticas del JRS UK, señaló que «durante demasiado tiempo, nuestro sistema de asilo ha tratado con hostilidad a quienes buscan refugio». Cartwright criticó que los sucesivos gobiernos británicos han dificultado el acceso al país a los refugiados y los han penalizado por utilizar las únicas vías disponibles para llegar a territorio británico.
«Necesitamos construir puentes para quienes buscan refugio y un sistema de asilo que les trate con dignidad», afirmó. «Este Gobierno debe tener el valor de construir una alternativa justa y humana».
Por su parte, Liam Allmark, director adjunto del JRS UK, lamentó que el proyecto de ley «desaproveche una oportunidad crucial» y subrayó que «el enfoque debería centrarse en hacer que sea más seguro y más fácil para los refugiados encontrar protección, en lugar de construir una fortaleza».
Allmark también recordó que, en este año jubilar, el papa Francisco ha instado a «ofrecer acogida y esperanza a los refugiados y a todas las personas desplazadas».
