(LifeNews/InfoCatólica) La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha rechazado una solicitud de extradición de Luisiana para la doctora Margaret Carpenter, una abortista acusada de vender ilegalmente píldoras abortivas a residentes de estados donde el aborto está prohibido. La decisión ha generado indignación entre líderes provida y defensores de los derechos de las mujeres y los niños por considerar que antepone la agenda abortista a la justicia y la seguridad de las mujeres.
Según la acusación, Carpenter y su empresa, Nightingale Medical, vendieron píldoras abortivas a una mujer en Luisiana, quien posteriormente obligó a su hija menor de edad a tomarlas en contra de su voluntad. La joven, que estaba ilusionada con su embarazo y tenía planeada una fiesta de revelación de género para su bebé, sufrió una emergencia médica tras ingerir la medicación y tuvo que ser hospitalizada. Como consecuencia, su bebé perdió la vida.
La madre de la menor también ha sido acusada formalmente por su papel en la coerción y el aborto forzado. El fiscal de distrito de West Baton Rouge, Tony Clayton, declaró a The Advocate que la joven no quería abortar, pero que su madre conspiró con la doctora Carpenter para obtener las píldoras y obligarla a tomarlas.
Pese a la gravedad de los hechos, la gobernadora Hochul se ha negado a permitir que la doctora Carpenter enfrente la justicia en Luisiana. «Los médicos hacen un juramento para proteger a sus pacientes. Yo hice un juramento para proteger a todos los neoyorquinos. Así que dejemos esto claro: no firmaré la orden de extradición de Luisiana, ni ahora ni nunca», declaró Hochul en la red social X.
Mientras tanto, en Texas, un juez ha ordenado que Carpenter cese inmediatamente la prescripción y envío ilegal de píldoras abortivas a residentes del estado. Además, le impuso una multa de 100.000 dólares por violar la legislación texana. La demanda, presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, argumenta que la doctora prescribió medicamentos sin contar con licencia médica en el estado y sin realizar exámenes médicos a las mujeres que los recibían.
El fallo del juez Bryan Gantt, designado por el gobernador Greg Abbott, establece que Carpenter queda permanentemente prohibida de «prescribir fármacos abortivos a residentes de Texas». La decisión responde a la demanda presentada por el estado tras descubrir que la médica distribuía píldoras abortivas sin control ni supervisión médica.
Por su parte, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, subrayó la ilegalidad de estos actos y reafirmó su compromiso con la protección de las mujeres y los niños por nacer. «Es ilegal enviar píldoras abortivas a este estado y es ilegal coaccionar a otra persona para que tenga un aborto. Lo he dicho antes y lo diré nuevamente: haremos responsables a quienes violen la ley», enfatizó.
El caso ha suscitado la indignación de organizaciones provida. Sarah Zagorski, directora de comunicaciones de Louisiana Right to Life, lamentó profundamente el daño causado a la joven y a su bebé. «Esta valiente menor tenía toda la intención de criar a su hijo, como lo demuestra el hecho de que había organizado una fiesta de revelación de género. Ahora, en lugar de celebrar los cumpleaños de su hijo, se enfrenta al dolor de su pérdida y al trauma del proceso judicial que inevitablemente vendrá», expresó.
Según informes, la doctora Carpenter ni siquiera exigía una evaluación médica antes de prescribir los fármacos, lo que refuerza la falta de ética en su práctica. Al no estar licenciada en Luisiana, su actuación constituye una grave violación de la ley y pone en peligro a mujeres vulnerables.
La organización Louisiana Right to Life ha elogiado la determinación del fiscal Clayton por tomar medidas para proteger a las mujeres y los bebés de los efectos devastadores del aborto forzado y de la industria del aborto en línea.
Erik Baptist, director del Center for Life with Alliance Defending Freedom, también respaldó la acusación contra Carpenter y advirtió sobre los riesgos de los fármacos abortivos: «Luisiana tiene el derecho y el deber de proteger a sus ciudadanos de los peligros de las píldoras abortivas. Cada aborto mata a un bebé y pone en riesgo a la madre. Incluso la FDA reconoce que aproximadamente 1 de cada 25 mujeres que usan estas píldoras terminan en la sala de emergencias. Si el gobierno federal sigue ignorando estos peligros, los estados deben intervenir para evitar más daños», señaló.
El caso continúa generando un debate intenso sobre el alcance de las leyes provida en los estados y la resistencia de gobiernos como el de Nueva York a colaborar con el cumplimiento de la justicia.
