(InfoCatólica) El presidente de la Conferencia Episcopal de Toscana afirmó que la aprobación de una nueva ley en Italia que permite el suicidio asistido médicamente «no es un logro, sino una derrota para todos».
En un comunicado publicado el 11 de febrero por la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Augusto Paolo Lojudice de Siena, presidente de los obispos de la región, señaló que la nueva ley aprobada por el Consejo Regional de Toscana «no limitará nuestra acción en favor de la vida, siempre y en todo caso».
«A los capellanes en los hospitales, a las religiosas, a los religiosos y a los voluntarios que trabajan en los hospicios y en todos aquellos lugares donde cada día las personas se enfrentan a la enfermedad, al dolor y a la muerte, les digo: no se rindan y sigan siendo portadores de esperanza, de vida, a pesar de todo», escribió.
Según la agencia de noticias Reuters, el Consejo Regional de Toscana aprobó la ley el 11 de febrero, convirtiéndose en la primera región italiana en regular el suicidio asistido. Esta región incluye ciudades importantes como Florencia, Pisa y Siena.
En 2019, el Tribunal Constitucional de Italia efectivamente legalizó el suicidio asistido y pidió al Parlamento que estableciera un marco legal para el procedimiento. Sin embargo, la falta de voluntad de los legisladores para abordar el tema dejó la cuestión sin resolver, según informó Reuters.
La nueva ley establece regulaciones sobre cómo deben gestionarse las solicitudes de suicidio asistido y permite a los médicos negarse a participar por razones morales.
Antes de la aprobación de la ley, la Conferencia Episcopal Italiana emitió un comunicado a finales de enero, antes del debate legislativo, instando a los políticos a no «convertir este tema en una cuestión de bandos», sino a aprovecharlo como «una oportunidad para una reflexión profunda sobre los fundamentos de su propia concepción del progreso y de la dignidad de la persona humana».
Citando la historia de la región toscana en el cuidado de los más vulnerables, los obispos recordaron que su legado en la creación de «los primeros hospitales, los primeros orfanatos y las asociaciones dedicadas al cuidado de los enfermos y moribundos» debe mantenerse vivo.
Los obispos instaron a los legisladores a que, «en un momento de crisis del sistema sanitario regional», prioricen los cuidados paliativos y el apoyo a quienes los necesitan en lugar de «redactar leyes simbólicas».
«La vida humana es un valor absoluto, también protegido por la Constitución: no existe un ‘derecho a morir’, sino más bien el derecho a ser cuidado, y el sistema sanitario existe para mejorar las condiciones de vida, no para causar la muerte», afirmaron los obispos.
La aprobación de la nueva ley también fue criticada por Antonio Brandi, presidente de Pro Vita & Famiglia, una organización católica centrada en la defensa de la vida, quien calificó la legislación de «bárbara e inhumana».
La ley «empujará a miles de enfermos, personas frágiles, ancianos, solitarios y marginados que se sentirán una ‘carga’ para sus familiares y para la sociedad hacia una ‘muerte patrocinada por el Estado’», denunció en un comunicado publicado el 11 de febrero.
Brandi también instó al gobierno italiano a impugnar la nueva ley ante el Tribunal Constitucional del país, argumentando que «pretende legislar sobre un asunto que solo podría ser abordado por el legislador nacional».
«Lo que está en juego no es solo el respeto de la Constitución, sino sobre todo la protección de las vidas más frágiles, que deberían ser defendidas, cuidadas y acompañadas en su fase final con cercanía, atención y compasión mediante una aplicación efectiva de los cuidados paliativos», concluyó.
