(Agencias/InfoCatólica) El caso Storni comenzó en 1994 cuando, por orden del Vaticano, monseñor José María Arancibia, investigó denuncias de jóvenes seminaristas sobre supuestos abusos sexuales del entonces obispo de Santa Fe. Las investigaciones fueron dadas a conocer al público en el año 2000, a partir de una denuncia publicada en el libro de una periodista que provocó conmoción en la ciudadanía.
En septiembre de 2002, monseñor Storni renunció a su cargo y envió una carta al papa Juan Pablo II en la que no reconocía culpas ni acusaciones. Tres meses después, Storni declaró ante la justicia penal y negó los cargos. La investigación concluyó en el procesamiento de Storni, a principios de 2003, por parte del juez de instrucción Eduardo Giovanini, por la presunta comisión del delito de abuso sexual en perjuicio de un ex seminarista en el año 1993. En aquel dictamen, el magistrado desestimó otras dos denuncias contra la autoridad religiosa al considerar que el tiempo transcurrido superaba el establecido para analizar la causa.
En los fundamentos de su fallo, la jueza María Amalia Mascheroni destaca como agravante el hecho de que Storni cometiera el abuso siendo Arzobispo y teniendo bajo su responsabilidad a su víctima. La magistrada señaló que «ha quedado palmariamente demostrado, con la cantidad de testimonios e indicios arrimados a la causa, que las situaciones vividas dentro de los claustros eran anómalas, irregulares y perjudiciales para los seminaristas (...) las cuales durante mucho tiempo estuvieron sepultadas en la sospecha y en el encubrimiento».
Recurso de apelación
Storni, de 73 años, cumpliría prisión domiciliaria por su avanzada edad y su estado de salud, según ha informado el abogado del ex sacerdote Eduardo Jauchen en declaraciones a los medios locales. «Se le condenó a ocho años de prisión, que es el mínimo de la pena por el delito de abuso sexual agravado por la condición del autor», explicó Jauchen poco después de conocer la decisión de la jueza.
La defensa ha informado de que ya ha introducido una apelación de este fallo que supuestamente carece de elementos de prueba, alegando que el proceso ha estado basado en «sospechas, rumores o versiones unilaterales». Por tanto, se espera que el expediente pase ahora a manos de la Cámara de Apelaciones de lo Penal. «La sentencia no satisface las exigencias constitucionales de lo que debe ser una resolución adecuada a la decisión definitiva que con grado de certeza en un proceso penal se requiere para condenar a un ciudadano», dijo Jauchen.
El actual Arzobispo de Santa Fe, Monseñor José María Arancedo declaró que «somos respetuosos de la Justicia pero la justicia completa, qué es la búsqueda de la verdad y tiene también su instancia de apelación, que la creo necesaria en este caso».
