(Zenit/InfoCatólica) El gobierno de Nicaragua ha intensificado su ofensiva contra la Iglesia católica con la reciente expulsión de aproximadamente 30 monjas clarisas de sus conventos en Managua y Chinandega. Obligadas a abandonar sus hogares con apenas unas pocas pertenencias, las religiosas se suman a la creciente lista de víctimas de la persecución religiosa en el país bajo el régimen de Daniel Ortega. Este nuevo ataque contra la Iglesia ocurre en un contexto de represión constante, que en los últimos años ha resultado en el cierre forzoso de instituciones religiosas y la persecución de sacerdotes y obispos.
El desalojo de las monjas se produjo pocos días después de que el Seminario San Luis de Gonzaga, en la Diócesis de Matagalpa, fuera tomado por el gobierno el pasado 20 de enero. Durante la confiscación, los seminaristas fueron obligados a marcharse de inmediato, dejando atrás un centro de formación clave para futuros sacerdotes en varias diócesis del país. Este golpe se suma a la reciente toma del Centro Pastoral La Cartuja en Matagalpa, donde testigos denunciaron la intervención de fuerzas paramilitares que expulsaron por la fuerza a los fieles que participaban en un retiro espiritual.
Las acciones del gobierno han provocado una drástica reducción del clero en Nicaragua. Solo en la Diócesis de Matagalpa, más del 60 % de los sacerdotes han sido arrestados, exiliados o han huido por seguridad. A nivel nacional, la cifra alcanza un 20 % de reducción del clero debido a la creciente represión. La Iglesia católica ha sido blanco de una estrategia sistemática que incluye la prohibición de procesiones religiosas, el cierre de medios de comunicación católicos y la disolución de organizaciones benéficas y educativas vinculadas a la fe.
Uno de los casos más emblemáticos de esta persecución es el del obispo Rolando Álvarez, condenado inicialmente a 26 años de prisión por presunta traición y posteriormente enviado al exilio en Roma tras un año en la cárcel. Su sustituto como vicario apostólico, el padre Frutos Valle, también fue arrestado, evidenciando el esfuerzo del régimen por eliminar cualquier voz crítica dentro de la Iglesia.
El Papa Francisco ha manifestado en varias ocasiones su apoyo a los católicos nicaragüenses. En una carta pastoral del 2 de diciembre de 2024, les recordó: «No olviden la amorosa Providencia del Señor, que nos acompaña y es nuestra única guía segura».
La represión en Nicaragua no se limita a la Iglesia católica. Periodistas, activistas y opositores políticos también han sido blanco del régimen. En 2023, más de 200 presos políticos fueron desterrados a Estados Unidos y despojados de su nacionalidad. Miguel Flores, uno de los exiliados, expresó el dolor de su situación: «Ese fue el momento en que nos convertimos en apátridas, sin país, y al final, nuestra libertad no era real porque la verdadera libertad significa poder quedarse en tu propio país».
Ante este panorama, la incertidumbre sigue marcando el destino de la Iglesia en Nicaragua. Las recientes expulsiones y expropiaciones confirman la determinación del gobierno de Ortega de erradicar cualquier institución que pueda representar un desafío a su autoridad, incluso aquellas con profundas raíces en la historia y la identidad na
