(LSN/InfoCatólica) Trump firmó ayer una orden ejecutiva destinada a eliminar lo que califica como «discriminación anti-cristiana» dentro del Gobierno federal. Para ello, ha creado un grupo de trabajo denominado Task Force to Eradicate Anti-Christian Bias, que estará encabezado por la fiscal general Pam Bondi.
Según el documento, la tarea principal de este grupo será revisar todas las agencias del Ejecutivo para detectar «políticas, prácticas o conductas ilegales» que pudieran perjudicar a los cristianos. Además, deberá recopilar información de grupos y personas afectadas y proponer cambios administrativos, normativos o legislativos para corregir posibles injusticias.
Trump presentó esta iniciativa durante el National Prayer Breakfast, donde reafirmó su compromiso con la libertad religiosa. «La misión de este grupo será detener inmediatamente cualquier forma de persecución y discriminación contra los cristianos dentro del Gobierno federal, incluyendo el Departamento de Justicia, el IRS, el FBI y otras agencias», declaró el mandatario.
La medida responde a las acusaciones de que la administración de Joe Biden mostró hostilidad hacia la fe cristiana, especialmente en cuestiones relacionadas con la vida y la moral sexual. En 2022, tras la anulación del fallo Roe vs. Wade por parte del Tribunal Supremo, se produjeron ataques contra iglesias y centros provida, sin que muchos de los responsables fueran castigados. Sin embargo, el Gobierno de Biden sí actuó con contundencia contra activistas provida, aplicando la Freedom of Access to Clinic Entrances Act (FACE Act) en varios casos.
Asimismo, en 2023 se filtró un memorando del FBI en el que se identificaba el «ideario católico tradicionalista radical» como posible impulsor de extremismo violento. Aunque el documento fue retractado y el fiscal general Merrick Garland lo calificó de «espantoso», investigaciones posteriores revelaron que varias oficinas del FBI habían participado en la vigilancia de comunidades católicas.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha tomado diversas medidas para revertir políticas previas en materia religiosa. Entre ellas, ha concedido indultos a 23 activistas provida procesados bajo la FACE Act, ha limitado el uso de esta ley en el futuro y ha puesto fin a la persecución judicial de un denunciante que reveló prácticas médicas controvertidas en un hospital de Texas.
Con esta nueva orden ejecutiva, la administración Trump refuerza su compromiso con la defensa de los valores cristianos en la política estadounidense y reabre el debate sobre la relación entre religión y Gobierno en el país.
