(InfoCatólica) En 2015, se encontraron imágenes sexualmente explícitas en el teléfono móvil de Zanchetta, incluyendo algunas de jóvenes y otras de él mismo en actitudes inapropiadas. Al ser informado, el Papa Francisco lo convocó a Roma en octubre de ese año. Zanchetta alegó que su teléfono había sido hackeado, y el Papa, aplicando el principio de in dubio pro reo (en la duda, a favor del acusado), aceptó su explicación. Es decir, exactamente lo contrario de lo que ha hecho en otras ocasiones, como es el del cardenal Cipriani, sancionado sin tener ni siquiera derecho a defenderse de la acusación de una supuesta víctima anónima, o el conocido como caso del «clan de los Romanones», donde el Pontífice dio crédito a la denuncia de la supuesta víctima de abusos por parte de sacerdotes de la archidióces de Granada (España), con la particularidad de que, a diferencia de en el caso Zanchetta, la justicia les declaró inocentes. El Pontífice no solo dio por hecho la existencia de abusos sino que afirmó al respecto: «la verdad es la verdad y no debemos esconderla»
En 2017, Zanchetta renunció al obispado de Orán, oficialmente por problemas de salud, sin mencionar para nada las denuncias, a pesar de que se conocían desde años atrás. Posteriormente, el Papa Francisco, en un inexplicable ejemplo de protección de una persona acusada con fundamento de abusos, lo nombró asesor en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA) en el Vaticano, un puesto creado específicamente para él. Sin embargo, en 2019, tras nuevas acusaciones de abuso sexual, fue suspendido de su cargo y se inició una investigación canónica en su contra. Significativamente, esa investigación canónica no había dado el año pasado ningún resultado.
A los cuatro meses de ser condenado, se le otorgó prisión domiciliaria en una residencia para sacerdotes jubilados. En los últimos meses de 2024, la Justicia argentina le permitió viajar a Roma para recibir tratamiento médico, y hasta donde se sabe, por el momento no ha regresado a su país.
