(InfoCatólica) Hace unos días el País, periódico más leído de España cuando se leían los periódicos de papel, publicó que el Papa había aceptado en su día la renuncia del cardenal Cipriani como arzobispo de Lima debido a una denuncia presentada contra él en 2018 por supuestos abusos a un menor cometidos en el año 1983. La supuesta víctima no ha querido que su identidad sea desvelada.
En una primera carta el cardenal defendió su inocencia y explicó cuál había sido la actuación de la Santa Sede:
... sin haber sido escuchado, sin haber sabido más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019 el Nuncio Apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de penas limitando mi ministerio sacerdotal y pidiendo que tuviera una residencia estable fuera del Perú.
El Vaticano confirmó el pasado fin de semana que las sanciones contra el cardenal siguen hoy vigentes. En ningún caso se menciona la apertura de un proceso por el cual el purpurado pudiera hacer valer su derecho a la defensa.
Su sucesor en Lima, el cardenal Carlos Castrillo, arremetió ayer contra quienes se preguntan cómo es posible que en la Iglesia se pueda condenar a todo un cardenal sin dejar que se defienda. Y la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) ha hecho público hoy un comunicado en el que dice que hay que respetar el deseo de la presunta víctima de mantener su anonimato:
Compartimos el Comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana "La verdad les hará libres" (Juan 8,32). pic.twitter.com/fRmDlXAx7H
— Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) January 29, 2025
El cardenal Cipriani ha respondido tanto al cardenal Castillo como a la CEP con una carta en la que reafirma su inocencia:
Le escribo con relación al comunicado que la Presidencia de la Conferencia Episcopal ha hecho público en el día de ayer. También quiero referirme a la Carta al Pueblo de Dios emitida por mi sucesor, el arzobispo de Lima y primado del Perú, Cardenal Carlos Castillo. En ambos casos, mi reacción ha sido de sorpresa y dolor por la injusticia con la que dan por ciertos unos hechos no probados sobre mi persona.
Lo afirmé en mi carta del 25 de enero y lo vuelvo a hacer ahora: "no he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes, ni después".
El purpurado explica también lo que hizo cuando se le comunicó el decreto de sanción por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe:
«... lo firmé declarando por escrito en el mismo acto que la acusación era absolutamente falsa y que obedecería a esas disposiciones -como así he hecho- por amor a la Iglesia y por comunión con el Romano Pontífice. He aceptado unas medidas preventivas ante la acusación recibida hasta que se aclarara la verdad, a pesar de que tengan su origen en una acusación falsa, de la que no me he podido defender».
La carta acaba reafirmando su fidelidad a la Iglesia y agradeciendo los apoyos recibidos por quienes no «se han dejado confundir en esta campaña de intento de acoso y destrucción de mi dignidad y mi honor».
Absoluto desprecio del derecho a una defensa
Independientemente de si las acusaciones contra el cardenal son ciertas o si, tal como defiende él, no se corresponden con los hechos, algo que ya ocurrió en el caso del cardenal George Pell, es evidente que estamos ante un caso en el que se ha ignorado el elemental derecho de cualquier persona a defenderse de una acusación. El derecho a la presunción de inocencia también ha saltado por los aires. Algo que, como ha indicado Bruno Moreno en su blog en InfoCatólica, es una práctica habitual en el pontificado de Francisco. Se desprecian, se maltratan y se pisotean los derechos de, sacerdotes, obispos y cardenales.
Por otra parte, llama mucho la atención la diferencia de trato cuando el acusado tiene el aprecio y la cobertura personal del Papa, como ocurrió con el obispo Gustavo Zanchetta, quien gracias a la justicia del mundo pudo defenderse de las acusaciones, pero fue condenado por abusar sexualmente de seminaristas a cuatro años y medio de cárcel por un tribunal argentino.
