(NCRegister/InfoCatólica) La familia Radonis y el St. Dominic Academy, un colegio católico local, están desafiando una ley de Maine que impide a las escuelas religiosas participar en el programa de asistencia para matrículas, diseñado para ayudar a las familias de áreas rurales sin acceso a escuelas públicas. La medida estatal ha generado polémica, especialmente después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos determinara en 2022 que una exclusión similar constituía discriminación religiosa.
Un desafío persistente
En 1982, Maine comenzó a excluir a las escuelas religiosas de su programa de ayuda educativa, lo que llevó al caso Carson v. Makin, resuelto por la Corte Suprema en 2022. Este fallo declaró que excluir a las escuelas religiosas por su carácter confesional violaba la cláusula de libre ejercicio de la Constitución de los Estados Unidos.
Sin embargo, tras el fallo, los legisladores de Maine aprobaron rápidamente una nueva ley que, según las familias afectadas, sigue discriminando contra la mayoría de las escuelas religiosas. La nueva normativa otorga a la Comisión de Derechos Humanos de Maine la autoridad para imponer condiciones sobre admisiones, políticas y enseñanzas relacionadas con creencias religiosas, particularmente en temas de matrimonio, género y familia, dificultando la participación de colegios católicos en el programa.
Voces de las familias
Kevin y Valori Radonis, padres católicos que viven en una zona sin escuela pública cercana, consideran que la ley les priva de su derecho a elegir una educación basada en sus valores religiosos.
«Como católicos, queremos criar a nuestros hijos en un entorno que les enseñe a poner su fe en el centro de todo lo que hacen», declararon los Radonis en un comunicado. «Esperamos que el tribunal ponga fin a esta exclusión de una vez por todas».
Otro caso destacado es el de Daniel y Nancy Cronin, quienes buscan inscribir a su hijo con dislexia en St. Dominic Academy, donde recibiría el apoyo académico que necesita.
Implicaciones legales y sociales
Adèle Keim, abogada del grupo Becket, que representa a las familias demandantes, señaló: «Hace tres años, la Corte Suprema ordenó a Maine dejar de excluir a familias como los Radonis. Pero Maine no escuchó. Ahora quieren que los burócratas de Augusta dicten cuán católico puede ser St. Dominic».
La ley también ha sido criticada por permitir que colegios privados fuera del estado reciban fondos del programa, mientras que restringe su uso para instituciones religiosas dentro del estado.
El fiscal general de Maine, Aaron Frey, defensor de la nueva ley, argumenta que esta busca evitar que el dinero público se utilice para «promover la discriminación, la intolerancia y el fanatismo». Es decir, aprovecha la ocasión para insultar a las familias católica que no se arrodillan ante el ídolo woke.
Decisión judicial inminente
El caso, que subraya las tensiones entre derechos religiosos y políticas educativas estatales, está siendo revisado por un tribunal federal de apelaciones, y se espera un fallo a principios de este año. De no ser favorable a la petición de la parte católica, seguramente acabará de nuevo ante la Corte Suprema
