(Tyler Arnold/CNA) El miércoles, los magistrados anunciaron que se ocuparán del caso en su mandato 2024-2025. El caso se deriva de una demanda que Planned Parenthood presentó en 2018 después de que el gobernador Henry McMaster impidiera a los centros de aborto recibir esos fondos mediante una orden ejecutiva según informa Tyler Arnold para CNA
Según la ley federal, los fondos federales de Medicaid no pueden utilizarse para pagar abortos a menos que la vida de la madre esté en riesgo o el embarazo sea resultado de una violación o incesto. Sin embargo, la ley federal sí permite que esos fondos paguen otros servicios en centros de abortos. El fallo del tribunal determinará si los estados pueden impedir que esos fondos cubran servicios no relacionados con el aborto en esos centros.
«El dinero de los contribuyentes nunca debería financiar a proveedores de servicios de aborto como Planned Parenthood», dijo McMaster en una publicación en X después de que el tribunal aceptara escuchar el caso.
«En 2018, emití una orden ejecutiva para poner fin a esta práctica en Carolina del Sur», agregó. «Estoy seguro de que la Corte Suprema de Estados Unidos estará de acuerdo conmigo en que los estados no deberían verse obligados a subsidiar los abortos».
El gobierno estatal ha argumentado que tiene la autoridad para determinar qué organizaciones pueden acceder a los fondos federales que recibe para servicios de planificación familiar y que puede asignar fondos a otras organizaciones que brinden servicios de planificación familiar, al tiempo que exime a los centros de aborto. La demanda presentada por Planned Parenthood sostiene que el estado está interfiriendo con la capacidad de un paciente de obtener servicios de atención médica en «el proveedor calificado de su elección».
«El dinero de los contribuyentes nunca debería usarse para financiar instalaciones que obtienen ganancias del aborto», dijo en un comunicado el abogado principal de Alliance Defending Freedom, John Bursch.
Los abogados de Alliance Defending Freedom representan los intereses del estado en la demanda.
«Los estados provida como Carolina del Sur deberían tener la libertad de determinar que Planned Parenthood y otras entidades que promueven el aborto no están calificadas para recibir fondos de los contribuyentes a través de Medicaid», agregó Bursch. «El Congreso no creó de manera inequívoca un derecho para que los beneficiarios de Medicaid lleven a los estados a los tribunales federales para impugnar esas decisiones, por lo que ese derecho no existe».
Jenny Black, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood South Atlantic, dijo en una declaración que «toda persona debería poder acceder a atención médica asequible y de calidad de un proveedor en el que confíe, sin importar sus ingresos o su situación de seguro».
«Este caso es la política en su peor expresión: políticos antiabortistas que utilizan su poder para atacar a Planned Parenthood y evitar que las personas que usan Medicaid como su principal forma de seguro obtengan atención médica esencial, como exámenes de detección de cáncer y control de la natalidad», dijo Black.
En marzo de 2024, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 4.º Circuito emitió un fallo a favor de Planned Parenthood y ordenó al estado que otorgara a los centros de aborto acceso a esos fondos federales. Alliance Defending Freedom apeló el fallo ante la Corte Suprema.
