(NCRegister/InfoCatólica) El juez R. Craig Carter ha dictaminado que la falta de consenso médico y los riesgos irreversibles asociados con estos tratamientos justifican la prohibición. La ley, conocida como «Save Adolescents from Experimentation (SAFE) Act», entró en vigor en agosto de 2023 y también restringe el acceso a cuidados de transición de género para adultos en el sistema público de salud y penitenciario. Organizaciones como Lambda Legal han anunciado que apelarán el fallo, mientras que instituciones médicas del estado han detenido estas prácticas por temor a responsabilidades legales.
Un juez de circuito del estado de Misuri ha ratificado la validez de la ley conocida como «Save Adolescents from Experimentation (SAFE) Act», que prohíbe el suministro de bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y cirugías de cambio de sexo a menores. Esta legislación, que entró en vigor en agosto de 2023, también restringe el acceso a cuidados relacionados con la transición de género para adultos bajo Medicaid y en el sistema penitenciario. La ley tiene vigencia hasta agosto de 2027.
El fallo fue emitido el 25 de noviembre por el juez R. Craig Carter, quien señaló la falta de consenso médico sobre los tratamientos para la disforia de género en menores y destacó los riesgos de daños irreversibles como la mutilación corporal y la infertilidad. Carter se basó en precedentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos, como el caso Gonzalez v. Carhart (2007), que afirma que los estados tienen autoridad para regular en áreas con incertidumbres médicas y científicas.
Durante el juicio, los demandantes, representados por Lambda Legal, presentaron estudios en favor de los tratamientos de cambio de sexo para menores, aunque Carter calificó las pruebas como de «baja» o «muy baja» calidad. Según el juez, los tratamientos no corrigen anomalías biológicas, sino que buscan mitigar el malestar psicológico asociado con la disforia de género. Además, mencionó que la mayoría de los niños con disforia de género superan esta condición con el tiempo y que muchos pacientes tienen comorbilidades de salud mental no tratadas.
El uso de medicamentos como bloqueadores de la pubertad no cuenta con aprobación de la FDA para tratar la disforia de género. Carter citó un aumento significativo de casos en adolescentes en los últimos años, pasando de 17 a 340 por cada 100.000 personas entre 2017 y 2021.
El juez también señaló que países como Finlandia, Suecia y los Países Bajos han restringido estos tratamientos debido a la falta de evidencia sólida sobre su eficacia frente a los riesgos asociados. Mencionó además el Cass Review (*) del Reino Unido, un informe de 400 páginas que cuestiona la base científica de las intervenciones para menores, lo que llevó al Servicio Nacional de Salud británico (NHS) a suspender el uso de bloqueadores de la pubertad para estos casos.
En el juicio testificaron testigos clave, como Jamie Reed, exempleada de una clínica en Misuri, quien denunció prácticas cuestionables, y Chloe Cole, una joven que demandó a sus médicos tras someterse a cirugías de cambio de sexo a los 12 años y que ahora lamenta las decisiones médicas tomadas durante su transición.
Tras la implementación de la ley, hospitales importantes en Misuri, como la Universidad de Misuri y la Universidad de Washington en San Luis, detuvieron los procedimientos de cambio de sexo para menores, citando posibles implicaciones legales. Lambda Legal ha anunciado su intención de apelar el fallo, lo que asegura que la controversia sobre esta legislación continuará en los tribunales.
(*) El Cass Review, dirigido por la Dra. Hilary Cass, es una comisión médica independiente encargada por el NHS de Inglaterra para evaluar los servicios de identidad de género para niños y jóvenes. La evaluación se inició debido al rápido aumento de casos de menores que solicitan ser tratados para intentar cambiar de sexo
Entre las recomendaciones, se pidió realizar evaluaciones integrales que consideren la salud mental y física general de los jóvenes, prohibiendo la adminstración de bloqueadores hormonales. Tambén se aconsejoó implementar un modelo de servicio distribuido integrado con los servicios pediátricos, priorizar el apoyo psicológico y los servicios de salud mental junto con cualquier intervención médica. E igualmente, se apuntó la necesidad de establecer vías específicas para niños pre-púberes y sus familias, asegurando un apoyo temprano y equilibrado.
