(CNA/InfoCatólica) Una subcomisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha abierto una investigación sobre los Institutos Nacionales de Salud (NIH) tras la admisión de una investigadora financiada por estos, Johanna Olson-Kennedy, de haber ocultado los resultados de un estudio con fondos públicos que no mostró beneficios en la salud mental de menores tratados con bloqueadores de pubertad. La doctora Olson-Kennedy, investigadora principal del proyecto, declaró al New York Times que decidió no hacer públicos los resultados porque podrían ser usados como argumento en contra de los tratamientos de transición de género en niños.
La congresista Lisa McClain, presidenta de la Subcomisión de Salud y Servicios Financieros del Comité de Supervisión y Responsabilidad, envió una carta a la directora del NIH, Monica Bertagnolli, solicitando la entrega de documentos y detalles sobre el proyecto en cuestión. En la misiva, McClain expresó su preocupación por la falta de transparencia en un estudio que, al no hallar efectos positivos significativos en la salud mental de los participantes, plantea interrogantes sobre la eficacia de los bloqueadores de pubertad como parte del modelo de «afirmación de género» en menores.
El estudio, que contó con casi 10 millones de dólares de financiación pública, involucró a 95 niños con disforia de género, con una edad promedio de 11 años. Olson-Kennedy, quien es directora médica del Centro de Salud y Desarrollo Transjuvenil del Hospital Infantil de Los Ángeles, indicó al medio que decidió retener los resultados para que no se usaran en campañas políticas contra estos tratamientos. Sin embargo, según la carta de McClain, Olson-Kennedy habría tergiversado los datos al afirmar que los niños estaban en «muy buen estado mental» al inicio del estudio, a pesar de informes previos que evidenciaban altos índices de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas entre los participantes.
La subcomisión ha exigido al NIH la entrega de solicitudes de subvenciones, informes de progreso, datos no publicados y comunicaciones internas relacionadas con el proyecto sobre la salud de los jóvenes transgénero. Esta solicitud se produce en medio de crecientes cuestionamientos sobre la seguridad y los efectos a largo plazo de los bloqueadores de pubertad en menores, tema que ha generado divisiones entre profesionales de la salud y responsables políticos en Estados Unidos y otros países.
El caso ha desatado opiniones en la comunidad médica. El padre Tadeusz Pacholczyk, del Centro Nacional Católico de Bioética, considera «sensata» la investigación del Congreso, subrayando que los fondos públicos exigen un compromiso ético de transparencia en los resultados. Jane Anderson, vicepresidenta del Colegio Americano de Pediatras, manifestó que la publicación de información científica es fundamental para que las familias puedan tomar decisiones informadas sobre estos tratamientos.
La controversia en torno al uso de bloqueadores de pubertad no es nueva. En 2021, la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH) decidió eliminar directrices basadas en la edad para la administración de estos tratamientos, decisión que, según informes, habría sido influida por presiones externas. Además, un reciente estudio de la Clínica Mayo alertó sobre posibles efectos irreversibles en varones tratados con estos fármacos, como problemas de fertilidad.
A nivel internacional, algunos países han revisado sus políticas sobre bloqueadores de pubertad. Este año, el Reino Unido suspendió el uso rutinario de estos fármacos para menores tras una revisión que concluyó que faltan pruebas concluyentes sobre su eficacia y seguridad.
En el ámbito político estadounidense, Donald Trump ha criticado públicamente los tratamientos de cambio de género en menores, calificándolos de «abuso infantil» y prometiendo, de ser elegido nuevamente, una investigación exhaustiva del Departamento de Justicia sobre la responsabilidad de las farmacéuticas y redes hospitalarias en estos tratamientos.
