(Asia News/InfoCatólica) La Iglesia católica surcoreana, a través de Cáritas y de la Comisión para Asuntos Sociales de la Conferencia Episcopal, ha hecho un llamamiento para que el gobierno de Corea del Sur suspenda la política de cierre de instituciones para personas con discapacidad, calificándola de «experimento social fallido». En un documento titulado Dios es amor, difundido este fin de semana, se denuncia que numerosas familias han sido dejadas en el abandono y que, en varios casos, el cierre de centros residenciales ha tenido consecuencias fatales para personas con discapacidad que se quedaron sin hogar.
La política de «desinstitucionalización», implementada en noviembre de 2021, surgió con el objetivo de evitar la concentración en grandes residencias, algunas de las cuales operan desde los años setenta y ochenta y albergan actualmente a más de 20.000 personas. Sin embargo, la Iglesia y numerosos familiares cuestionan los efectos de esta medida, afirmando que, en ausencia de alternativas adecuadas, se está desatendiendo gravemente a personas vulnerables, a veces con resultados trágicos.
Un estudio reciente del gobierno metropolitano de Seúl, citado en el documento, refleja los problemas de implementación: de aproximadamente 1.200 personas reubicadas, solo 700 confirmaron su residencia, y de estas, apenas 281 estaban en su hogar. Además, se registraron 24 fallecimientos entre personas que fueron desplazadas de sus instituciones.
«Escuchando los gritos silenciosos de sufrimiento e incluso frente a la pérdida de vidas humanas debido a esta política», expresa el documento, «la Iglesia católica coreana ha colaborado durante estos tres años con propuestas elaboradas en conjunto con personas con discapacidad, sus familias y expertos en asistencia social nacionales e internacionales». El texto recuerda que el presidente Yoon prometió durante su campaña electoral eliminar esta medida. Sin embargo, la Iglesia señala que el Ministerio de Salud y Bienestar, pese a los resultados, ha extendido la política a nivel nacional, limitándose a modificar su nombre.
La denuncia muestra una preocupación particular por las personas con discapacidades graves que han sido forzadas a abandonar los centros residenciales. «¿Quiénes son y en qué condiciones viven hoy?» se cuestiona el documento. «En Corea del Sur, estas personas se han convertido en discapacitados anónimos, abandonados por la sociedad».
El documento también subraya que esta política no respeta los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, y recuerda el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que defienden el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal.
La Iglesia concluye reafirmando su compromiso de apoyar a las personas marginadas, en línea con la enseñanza de Jesucristo, y hace un llamamiento al país para implementar cambios. Entre las demandas específicas, se encuentran cinco puntos: primero, la suspensión inmediata de la política de desinstitucionalización y la realización de una investigación nacional independiente; segundo, establecer medidas de protección y compensación para las personas afectadas; tercero, excluir permanentemente a las personas y organizaciones responsables de estos proyectos de futuros programas de derechos humanos y de atención a personas con discapacidad; cuarto, promover la participación de la ciudadanía en la protección de las personas con discapacidad; y quinto, mejorar la estabilidad y profesionalización de las instituciones y el personal especializado en este ámbito.
La Iglesia católica coreana reitera su apoyo a las familias afectadas y llama a la sociedad coreana a tomar conciencia de las consecuencias de esta política y a trabajar en favor de una asistencia digna para las personas con discapacidad.
