(Zenit/InfoCatólica) En una nueva medida restrictiva contra la libertad religiosa, el gobierno nicaragüense, liderado por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, ha prohibido que los sacerdotes católicos ingresen a los hospitales para administrar el sacramento de la Unción de los Enfermos. Este sacramento, de vital importancia para los católicos que enfrentan enfermedades graves o están al final de sus vidas, se ha vuelto prácticamente inaccesible en los hospitales públicos de Nicaragua.
La abogada y escritora Martha Patricia Molina, quien abordó este tema en su informe «Nicaragua: ¿Una Iglesia Perseguida?», denunció la medida como un ataque directo a la Iglesia y su capacidad de ofrecer apoyo espiritual a los creyentes en momentos críticos de salud.
Molina explicó a La Prensa que «es costumbre para nosotros como católicos llamar a los sacerdotes para la unción cuando enfrentamos problemas críticos de salud, para la paz espiritual». Sin embargo, esta tradición ahora se ve truncada, ya que «los sacerdotes son rechazados en los hospitales, donde se les dice que tienen prohibido el ingreso».
La prohibición abarca todo el territorio nacional, afectando a numerosos fieles que ya no pueden acceder a este sacramento esencial. La Unción de los Enfermos, también conocida como Extremaunción, se administra para ofrecer fuerza espiritual y preparar a los enfermos para la transición a la vida eterna. Es uno de los siete sacramentos de la Iglesia Católica y, en este contexto, su prohibición ha causado gran preocupación en la comunidad.
El impacto de esta medida es profundo, ya que la Unción de los Enfermos no solo brinda consuelo en momentos de angustia, sino que también es vista como una preparación espiritual para la muerte. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, este sacramento es «reservado para quienes enfrentan desafíos de salud importantes» y ofrece paz y esperanza al enfermo. En su informe, Molina califica esta prohibición de «devastadora», pues priva a los nicaragüenses de un recurso espiritual vital en sus momentos más críticos.
A pesar de las apariencias de calma en el país, la persecución a la Iglesia Católica continúa siendo un problema grave. La abogada destacó la constante vigilancia de los sacerdotes por parte de las fuerzas de seguridad, que recopilan información personal de los clérigos, lo que ha generado un clima de intimidación y miedo. «La policía vigila continuamente a los sacerdotes, les hace preguntas y les recopila información personal detallada», afirmó Molina. Esta situación ha llevado a muchos sacerdotes a abandonar el país, buscando el exilio como única opción para escapar de las amenazas y la represión.
Un caso reciente es el de un sacerdote de la diócesis de Siuna, quien, tras recibir amenazas y una citación para comparecer ante las autoridades, decidió abandonar Nicaragua. Con él, ya son 67 los clérigos que se han exiliado para escapar de la persecución del gobierno. Además, 255 figuras religiosas han sido obligadas a salir del país, incluidos 98 monjas y varios obispos y seminaristas. A la lista se suman 34 personas a quienes se les ha impedido regresar a Nicaragua y al menos nueve que han sido expulsadas.
El éxodo de líderes religiosos ha dejado a muchos católicos en Nicaragua sintiéndose desprotegidos y vulnerables. Aunque el gobierno de Ortega intenta dar la apariencia de estabilidad, la represión religiosa sigue en aumento. Como advirtió Molina, «la opresión persiste» y la Iglesia Católica se encuentra cada vez más limitada en su capacidad para servir a la comunidad. Ante esta situación, la comunidad internacional ha comenzado a expresar su preocupación por las crecientes violaciones a la libertad religiosa en Nicaragua, instando a una mayor atención y acción ante estos abusos. La represión no solo afecta a los clérigos, sino también a los fieles que se ven privados de un derecho fundamental: el acceso a la atención espiritual en tiempos de enfermedad y muerte.
