(ACIPrensa/InfoCatólica) La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) ha expresado su oposición a una propuesta legislativa que busca obligar a los sacerdotes a revelar la información que un penitente confía en casos de delitos sexuales cometidos contra menores de edad y personas con discapacidad. Este proyecto fue presentado por el diputado Antonio Ortega Gutiérrez, líder de la fracción del Frente Amplio, un partido que se autodenomina de izquierda, progresista y feminista, entre otros principios, y que es miembro de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
La propuesta legislativa contempla la modificación del artículo 106 del Código Procesal Penal de Costa Rica, con el objetivo de que cualquier persona en posición clerical o de poder que haya «facilitado la preparación, el intento, la consumación o el ocultamiento del hecho ilícito» sea responsable económicamente ante la víctima.
Asimismo, se plantea una modificación al artículo 206. Si se aprueba, se establecería que los ministros religiosos, así como personal médico, abogados, notarios y funcionarios públicos, pueden «abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hayan llegado a su conocimiento». Sin embargo, el proyecto también estipula que estas personas no podrán «negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto», lo que permitiría que, con el consentimiento de la víctima, se pueda convocar a quien recibió la información confidencial, que podría ser un sacerdote católico.
Asimismo, la iniciativa obligaría a cualquier persona que haya «identificado indicios de delitos sexuales» en contra de menores o personas con discapacidad a presentar una denuncia ante las autoridades «de manera inmediata».
La Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) emitió un comunicado el 30 de octubre en respuesta a una propuesta legislativa que, según ellos, representa «un ataque directo a la Doctrina y la Liturgia de la Iglesia Católica en el tema del Sacramento de la Penitencia o de la Confesión».
El comunicado recuerda que el canon 983 del Código de Derecho Canónico establece que «el sigilo sacramental» es inviolable y prohíbe al confesor revelar la identidad del penitente de ninguna manera. Además, el canon 1386 establece que cualquier sacerdote que infrinja este secreto enfrenta una excomunión automática reservada a la Sede Apostólica.
Los obispos han señalado que esta ley obligaría a los sacerdotes a «revelar la información confiada por un penitente, sea víctima, autor o testigo de un hecho de esta naturaleza», lo que afecta incluso los casos en los que la única fuente de información sea el sacramento de la confesión. La CECOR ha calificado esta iniciativa como un «intento de algunos legisladores de inmiscuirse en la doctrina y liturgia de la Iglesia», al tiempo que hacen un llamado a los católicos para que defiendan su fe y el respeto a la libertad religiosa en Costa Rica. Además, invitan a invocar al Espíritu Santo para que «ilumine a nuestros legisladores y gobernantes para que cumplan con su cometido de buscar siempre el Bien Común».
La Conferencia Episcopal de Costa Rica, representada por el P. Mauricio Granados y el P. Ricardo Cerdas, se reunió el 31 de octubre con miembros de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa para expresar su postura respecto a la propuesta legislativa sobre el sigilo sacramental. Tras esta reunión, el diputado Antonio Ortega Gutiérrez solicitó una rectificación a la CECOR, alegando que «rechazamos categóricamente la manipulación, la desinformación y la falta de compromiso de los obispos en la lucha contra la violencia sexual».
En respuesta, la oficina de comunicación de la CECOR emitió el 1 de noviembre un documento para aclarar los puntos que, según ellos, han sido malinterpretados en el debate público. En este documento, se reafirma el compromiso de la Iglesia Católica «con la protección de la niñez y de las personas más vulnerables», y se niega que la institución busque obstruir la justicia o encubrir delitos de violencia sexual.
La Conferencia Episcopal sostiene que el «sigilo sacramental» es una obligación que no busca proteger a los delincuentes, sino que se enfoca en mantener la confesión como un espacio seguro para el arrepentimiento y el acompañamiento espiritual. Además, afirman que es «incorrecto y engañoso» afirmar que los obispos se oponen a la justicia o a la protección de los menores, señalando que han colaborado con las autoridades en la implementación de políticas de prevención y denuncia en casos de abuso.
El comunicado destaca que el proyecto de ley, al intentar levantar el sigilo sacramental, no solo atenta contra un derecho fundamental de la práctica religiosa, sino que también compromete la esencia de la libertad de culto. Finalmente, la CECOR hizo un llamado al diálogo y a buscar soluciones conjuntas que protejan a las víctimas sin vulnerar la libertad religiosa ni la integridad del sacramento de la confesión. El proyecto de ley continuará su revisión en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos antes de ser debatido en el pleno de la Asamblea Legislativa.
