(CNA/InfoCatólica) La Corte Suprema de Estados Unidos ha fijado para el mes de diciembre la audiencia de un caso clave que podría establecer un precedente a nivel nacional sobre las restricciones en torno a las cirugías de cambio de sexo y la administración de bloqueadores de la pubertad y hormonas a menores. La ley de Tennessee, firmada en 2021 por el gobernador Bill Lee, prohíbe que los médicos realicen cirugías de reasignación sexual y prescriban tratamientos hormonales a personas menores de 18 años con el fin de facilitar una transición de género.
Esta ley se enfrenta actualmente a una demanda interpuesta por la administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, junto a tres familias de Tennessee representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del estado. Aunque el caso se refiere específicamente a Tennessee, la decisión de la Corte Suprema podría afectar a leyes similares en más de 20 estados que imponen restricciones a los tratamientos de cambio de sexo en menores.
El texto legal prohíbe expresamente cirugías que modifiquen los genitales de un menor para asemejarlos a los del sexo opuesto, así como operaciones estéticas en el pecho y otros procedimientos destinados a alterar la apariencia de género. Además, se prohíbe la prescripción de bloqueadores de la pubertad con el propósito de retrasar el desarrollo natural del menor, y la administración de hormonas como estrógenos o testosterona si su fin es facilitar una transición de género. Los médicos que violen esta normativa se enfrentan a sanciones de hasta 25.000 dólares.
Un reciente informe de la organización Do No Harm reveló que al menos 13.994 menores en Estados Unidos han recibido tratamientos relacionados con la transición de género, incluidas más de 5.700 cirugías, aunque se advierte que las cifras reales podrían ser más altas debido a la falta de datos públicos completos.
El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti, es el encargado de defender la ley ante el tribunal, argumentando que numerosos médicos y gobiernos estatales, así como países, coinciden con la postura de Tennessee respecto a las intervenciones de transición de género en menores. Por su parte, la administración Biden y el Departamento de Justicia (DOJ) han calificado estos tratamientos como «atención médicamente necesaria», y sostienen que la prohibición viola la cláusula de igualdad de protección de la Constitución de EE.UU., al discriminar «en base al sexo y al estatus de personas transgénero».
El caso ha generado gran expectativa, ya que un fallo de la Corte Suprema podría tener amplias repercusiones en el debate sobre los derechos de las personas transgénero y la regulación de los tratamientos médicos para menores en todo el país. La ACLU de Tennessee, a través de una publicación en la red social X, declaró que «los jóvenes trans merecen la misma oportunidad de prosperar que sus compañeros», reiterando su compromiso de defender lo que consideran atención médica vital.
