(InfoCatólica) El caso del sacerdote Ariel Príncipi, de la diócesis de Villa de la Concepción del Río Cuarto, ha generado un notable revuelo tanto en la Iglesia de Argentina como en la Santa Sede. Tras ser acusado en 2021 de delitos graves de abuso sexual a menores y recibir una doble condena en tribunales eclesiásticos, una sorprendente decisión de la Secretaría de Estado anuló su expulsión del estado clerical. Sin embargo, con el argumento de que aparecieron nuevas pruebas ,presentadas en julio de 2024,el Dicasterio para la Doctrina de la Fe finalmente ratificó la condena.
Ariel Príncipi fue condenado en primera instancia por el Tribunal Interdiocesano de Córdoba en 2023, y dicha sentencia fue confirmada en 2024 por el Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires. Ambos tribunales concluyeron que Príncipi debía ser expulsado del estado clerical, decisión que fue notificada por el obispado de Río Cuarto y parecía definitiva. Sin embargo, el 20 de septiembre de 2024, la Secretaría de Estado del Vaticano, a través de monseñor Edgar Peña Parra, decidió levantar la sanción, imponiendo solo restricciones menores al sacerdote, como la prohibición de contacto con menores y la limitación de su ministerio a celebraciones privadas.
Este hecho generó críticas y desconcierto, especialmente por la relación cercana entre el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, y el sacerdote acusado. Estaríamos por tanto, ante un uso de la Secretaría de Estado para proteger al sacerdote abusador, de forma que no pareciera que el cardenal prefecto para la Doctrina de la Fe tuviera que ver con ello.
Sin embargo, las presiones ejercidas desde distintos sectores, incluido el obispo de Río Cuarto, Mons. Adolfo Uriona, y los tribunales que habían condenado al sacerdote, hicieron que la Santa Sede diera marcha atrás. En toda esta actuación llena de irregularidades, el derecho canónico ha brillado por su ausencia.
Este escándalo no solo ha desautorizado públicamente a la Secretaría de Estado, que queda como la "culpable" del levantamiento fallido de la pena al sacerdote abusador, sino que también ha puesto en entredicho la coherencia de la política de "tolerancia cero" del Papa Francisco, que parece desmoronarse frente a maniobras internas para suavizar la condena de un sacerdote acusado de abusos. Y se puede decir que llueve sobre monjado tras lo ocurrido con el caso Zanchetta, en el que el obispo argentino fue "protegido" en el Vaticano mientras se sustanciaba su proceso penal por abusos a seminaristas.
Mientras el pontífice se disculpaba en Bruselas por los crímenes de clérigos contra menores, en Roma se gestaba un intento fallido de proteger a un condenado, dejando en evidencia las contradicciones y el desorden en la gestión de estos casos dentro de la propia Iglesia.
