(Agencias/InfoCatólica) El Parlamento italiano aprobó definitivamente ayer miércoles el proyecto de ley que convierte la gestación subrogada en un «delito universal». La nueva normativa permite sancionar a los ciudadanos italianos que recurran a esta práctica fuera del país, con penas previstas de hasta dos años de cárcel y multas que oscilan entre los 600.000 y un millón de euros.
El proyecto de ley fue presentado por el partido Hermanos de Italia, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, y fue aprobado en el Senado por 84 votos a favor y 58 en contra, después de recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados en julio de 2023.
Desde 2004, la gestación subrogada, o «vientre de alquiler», ya estaba castigada en Italia, pero la nueva ley extiende su alcance más allá de las fronteras del país. Según el texto aprobado, la legislación vigente se aplicará también a los italianos que utilicen esta forma de gestación en el extranjero, lo que refuerza las restricciones contra esta práctica. Meloni ha defendido con firmeza esta ley, calificando la gestación subrogada como una «práctica inhumana».
La oposición, en contra
El debate ha suscitado fuertes críticas de la oposición. Alfredo Bazoli, portavoz del Partido Demócrata, consideró que la medida refleja «un paternalismo estatal que transforma a Italia en un juez ético» que atenta contra los principios del liberalismo. Además, señaló que la ley puede perjudicar las relaciones diplomáticas con países donde la gestación subrogada es legal, y planteó interrogantes sobre cómo se tratará a las personas con doble nacionalidad que recurran a esta práctica.
Desde otros sectores políticos, las críticas fueron igual de duras. Ilaria Cucchi, senadora del grupo Verdes e Izquierda, calificó la ley como «un acto de desmesurada inhumanidad» que afecta a los padres, en su mayoría heterosexuales, que optan por esta forma de gestación. Maria Domenica Castellone, del Movimiento 5 Estrellas (M5S), acusó al Gobierno de usar la prohibición como «propaganda a costa de personas y niños nacidos de un acto de amor».
Por su parte, Ivan Scalfarotto, portavoz de Italia Viva, advirtió que esta ley está «hecha para golpear a los padres» que han recurrido a la gestación subrogada, y que las verdaderas «víctimas colaterales» serán los hijos, cuya documentación de nacimiento será vista como «la prueba de un delito».
Apoyo de la coalición gobernante
A pesar de las críticas, la medida fue aprobada con el respaldo de los partidos de la coalición gubernamental, como Forza Italia y la Liga, que han apoyado la postura del Gobierno. El portavoz de la Liga, Massimiliano Romeo, subrayó que la maternidad subrogada «no es una cuestión de solidaridad». Domenica Spinelli, senadora de Hermanos de Italia, argumentó que la ley busca «desincentivar» esta práctica y que su objetivo es decir «no a la violencia contra las mujeres».
Consecuencias legales y desafíos futuros
Con la nueva ley en vigor, queda por definir el reconocimiento legal de los hijos nacidos mediante gestación subrogada que ya residen en Italia. El Gobierno de Meloni se ha enfrentado a tensiones con ayuntamientos como el de Milán, cuyo alcalde, Beppe Sala, ha registrado a hijos de parejas homosexuales, amparándose en un «vacío legislativo».
En diciembre de 2022, el Tribunal Supremo de Italia dictaminó que los hijos nacidos por gestación subrogada deben ser reconocidos a través de un proceso de adopción y con la aprobación de un juez. Este fallo complica aún más la situación de las familias afectadas por la nueva legislación.
Feministas felices
Como ocurre en España y en buena parte del mundo, los movimientos feministas están a favor de leyes que restringa la gestación subrogada. En Feminist Post informan así de la aprobación de la ley:
Fiesta también para las decenas de asociaciones y feministas de todo el mundo —Stop Surrogacy Now, Ciams, Finnrage, Women’s Declaration International, Japan Coalition Against Surrogacy, Feminist Legal Clinic, Prostitution Research & Education, Finaargit, Jennifer Lahl, Phyllis Chesler, Gena Corea, Sylviane Agacinski y muchas más— que junto a nosotras han apoyado y esperado con gran esperanza la ley sobre el «delito universal» del vientre de alquiler, finalmente aprobada hoy también en el Senado, entendida como un modelo posible para las legislaciones de todos los países.
Una larga batalla, que ha durado una década: lo atestiguan publicaciones como «El alma del cuerpo. Contra el vientre de alquiler» de Luisa Muraro, y «Madre temporal. Vientre de alquiler y mercado de hijos» de Marina Terragni, ambas de 2016, hasta la más reciente «Maternidad subrogada, vientre de alquiler, gestación por otros (GPA)», firmada en 2023 por nuestra Red por la Inviolabilidad del Cuerpo Femenino, además de decenas de otros escritos y muchas movilizaciones.
Una batalla dura, librada por la dignidad de las mujeres y el bienestar de niñas y niños, que nos ha costado el ostracismo, el estigma y el aislamiento político precisamente por parte de aquella izquierda de cuyas filas proviene la gran mayoría de nosotras, ridiculizadas y definidas como mojigatas, residuales, reaccionarias, homotransfóbicas por nuestra postura motivadamente contraria.
No podemos, por tanto, olvidar cómo cada intento de diálogo sobre este tema, salvo rarísimas excepciones, ha sido rechazado con absoluto desprecio por los secretarios, los responsables de derechos y las portavoces de las mujeres de los partidos de izquierda.
