(InfoCatólica) El informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica ha estado paralizado durante un año desde su entrega en octubre de 2023 a la presidente del Congreso, Francina Armengol. A pesar de las reiteradas solicitudes de Ángel Gabilondo, encargado de coordinar la investigación, el Gobierno y el Parlamento han evitado su presentación formal. El informe incluye recomendaciones como la creación de un fondo de compensación para las víctimas, y su implementación requiere la colaboración entre el Estado y la Iglesia. No obstante, el Ejecutivo ha mantenido el informe en espera, lo que ha generado malestar en Gabilondo.
Este martes, Gabilondo finalmente comparecerá ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar las conclusiones del informe. Esta acción coincide con un momento políticamente delicado para el Gobierno, tras la publicación de un informe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) que menciona, entre otros, a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, junto con Pedro Sánchez y Francina Armengol, en relación con casos de corrupción. La publicación de este informe ha generado un enorme revuelo político, lo que sugiere que el Gobierno podría estar utilizando el debate sobre los abusos en la Iglesia para desviar la atención mediática.
Además, la reciente visita de Pedro Sánchez al Vaticano, donde manifestó su disposición a llegar a un acuerdo con la Iglesia sobre la resignificación del Valle de los Caídos y la implementación del informe sobre abusos, ha dado un nuevo impulso al tema. El Gobierno propone un sistema de indemnización gestionado por el Estado, diferente al plan de reparación aprobado por la Iglesia en julio de 2024.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, visitará el Vaticano para continuar las negociaciones, mientras la Conferencia Episcopal defiende su plan propio de indemnizaciones, rechazando las imposiciones del Gobierno sin base legal.
